- La flota gallega deberá abandonar el caladero de Mauritania el 14 de noviembre si la UE no logra un acuerdo de última hora.
- La Comisión Europea confirma que los barcos comunitarios perderán su autorización para faenar en aguas mauritanas desde el 15 de noviembre. Cerca de una decena de pesqueros gallegos se enfrentan a una parada de actividad sin alternativas claras, mientras los armadores reprochan a Bruselas y al Gobierno español la falta de soluciones.
La cuenta atrás para la flota pesquera gallega en Mauritania ha entrado en su fase más crítica. La Comisión Europea ha comunicado oficialmente que el protocolo pesquero con el país africano expirará a medianoche del 14 de noviembre, lo que obligará a los barcos comunitarios a interrumpir sus capturas a partir del día 15 si no se alcanza antes una solución.
La decisión sitúa contra las cuerdas a una parte de la pesca exterior gallega. Cerca de una decena de embarcaciones se verían directamente afectadas, entre ellas arrastreros de fresco dedicados a la captura de merluza que carecen de un caladero alternativo donde continuar trabajando en condiciones equivalentes.
Lo que hasta ahora era una amenaza se ha convertido en una advertencia formal. Bruselas ha recordado a las empresas como a las tripulaciones.
Un acuerdo de 60,8 millones de euros anuales en peligro
El convenio pesquero entre la Unión Europea y Mauritania es uno de los pilares de la presencia comunitaria en los caladeros africanos y el más importante por su aportación económica anual.
El protocolo, vigente desde el 15 de noviembre de 2021, contempla una contribución europea de 60,8 millones de euros anuales, de los que una media de 3,3 millones se destina a apoyar el desarrollo sostenible del sector pesquero mauritano.
También permite el acceso de barcos de diez Estados miembros a distintas pesquerías, con posibilidades de captura que alcanzan las 280.050 toneladas anuales de crustáceos, especies demersales, túnidos y pequeños pelágicos.
Sin embargo, las negociaciones para renovar el protocolo no han permitido cerrar las diferencias entre ambas partes, especialmente en en los aspectos económicos y las condiciones de acceso a los recursos.
Conviene distinguir entre el acuerdo marco de asociación, que tiene una vigencia propia, y el protocolo que regula las posibilidades concretas de pesca. La expiración del protocolo no supone la desaparición definitiva de las relaciones pesqueras entre la UE y Mauritania, pero sí impide mantener las capturas comunitarias mientras no exista una nueva autorización.
Los armadores denuncian la falta de previsión de Bruselas
El malestar de las empresas pesqueras no responde únicamente a la posibilidad de tener que abandonar el caladero. Lo que más preocupa es llegar a esta situación sin un calendario concreto para recuperar la actividad ni mecanismos definidos que permitan mantener operativas las embarcaciones.
Los armadores han solicitado una reunión urgente con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al considerar insuficientes las gestiones realizadas hasta ahora.
España, Portugal, Países Bajos y Letonia habían pedido formalmente a la Comisión Europea que examinase una prórroga del protocolo vigente para evitar la interrupción de las capturas.
A pesar de estas gestiones, la comunicación de Bruselas apunta a que la flota deberá abandonar las aguas mauritanas si fracasan los contactos de última hora.
El sector recuerda, además, que llegó a plantear asumir un incremento del 10 % en los cánones abonados por los armadores, con el objetivo de facilitar un entendimiento económico.
Las empresas consideran especialmente difícil aceptar una parada cuando ya soportan importantes costes de combustible, incertidumbre comercial y una presión creciente sobre sus márgenes de rentabilidad.
Galicia, ante el riesgo de perder barcos y puestos de trabajo
La amenaza tiene una dimensión especialmente delicada para Galicia. Los arrastreros de fresco que trabajan en Mauritania no pueden trasladar automáticamente sus operaciones a otros caladeros.
Cada pesquería depende de autorizaciones, posibilidades de captura, características técnicas y condiciones económicas diferentes. Por tanto, buscar otro destino no constituye una solución inmediata ni necesariamente viable.
La paralización podría repercutir más allá de las tripulaciones. La actividad de estos buques sostiene también empleos vinculados a las reparaciones navales, el aprovisionamiento, la logística, la comercialización y los servicios portuarios.
A ello se suma otro riesgo que comienza a preocupar a las empresas: la posibilidad de que parte de la flota termine buscando otros pabellones para mantener su actividad.
Una eventual salida de barcos del registro comunitario tendría consecuencias que irían más allá de una parada temporal, al reducir la capacidad productiva vinculada a la pesca europea y poner en cuestión la competitividad de sus empresas.
La Xunta exige alternativas y compensaciones económicas
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha reclamado a la Comisión Europea un último esfuerzo negociador para impedir que las embarcaciones gallegas tengan que cesar su actividad.
La Xunta asegura que lleva meses advirtiendo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de las consecuencias de no renovar el protocolo y recuerda que trasladó personalmente esta preocupación al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, durante el Consejo de Ministros de Pesca celebrado en septiembre.
Ante la inminencia del vencimiento, el Gobierno gallego plantea dos alternativas si no se consigue una prórroga: facilitar el acceso a otros caladeros o establecer compensaciones económicas por una eventual parada forzosa.
Estas medidas, por el momento, son reivindicaciones planteadas a las instituciones europeas, no soluciones cuya aplicación esté confirmada.
Una decisión que cuestiona la estrategia pesquera europea
El conflicto con Mauritania también abre un debate de mayor alcance: la capacidad de la Unión Europea para garantizar el suministro de productos pesqueros y mantener una flota competitiva frente a terceros países.
Mientras la UE exige a sus embarcaciones estándares ambientales, laborales y de control cada vez más rigurosos, otras potencias pesqueras refuerzan su presencia internacional.
Una pérdida prolongada de acceso al caladero mauritano podría favorecer el desplazamiento de actividad hacia flotas extracomunitarias y aumentar la dependencia europea de productos importados.
La cuestión, por tanto, no se limita al coste de renovar un acuerdo pesquero. También afecta al empleo, la producción alimentaria y la posición de Europa en la explotación sostenible de los recursos marinos.
Cinco días para evitar una parada de consecuencias imprevisibles
A fecha de 9 de noviembre, el tiempo para alcanzar una solución se agota. Las conversaciones diplomáticas todavía podrían permitir un entendimiento, pero la flota no dispone de garantías de continuidad a partir del 15 de noviembre.
La prioridad inmediata es evitar que los barcos queden amarrados sin horizonte de regreso. Y, si finalmente resulta imposible mantener el acceso al caladero, definir ayudas y alternativas antes de que una suspensión provisional comprometa la viabilidad de las empresas afectadas.
Para Galicia, el problema trasciende la pérdida temporal de unas licencias. Lo que está en juego es la continuidad de una actividad pesquera construida durante décadas y que, una vez desaparecida, puede resultar extraordinariamente difícil recuperar.