- La sentencia del Tribunal Constitucional respalda la capacidad de Galicia para asumir los medios y servicios de gestión del litoral, allanando el camino para una gestión más eficaz y sostenible de la costa gallega.
En el trasfondo de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avala la ley del litoral gallego, se encuentra un esfuerzo significativo por parte de expertos como Javier Sanz Larruga, catedrático de Derecho Administrativo y director del Observatorio del Litoral en la UDC. Este hito legislativo no solo representa un paso adelante para Galicia, sino que también establece un precedente importante para otras regiones costeras enfrentadas a desafíos similares.
La ley del litoral, concebida con ambición, no solo busca una gestión integral que tome en cuenta los aspectos medioambientales, sociales, económicos y patrimoniales del litoral, sino que también aspira a integrar las aguas territoriales, reconociendo la interacción inseparable entre la tierra y el mar. Esta visión holística va más allá de legislaciones anteriores, como la aprobada por Cataluña en 2020, y subraya la necesidad de un enfoque integrado para la gestión costera.
La sentencia del Tribunal Constitucional, al evitar la necesidad de reformar el Estatuto, respalda la capacidad de Galicia para asumir los medios y servicios de gestión del litoral. Esto no solo refuerza la autonomía regional, sino que también allana el camino para una gestión más eficaz y sostenible de la costa gallega. Además, el reconocimiento de esta capacidad por parte del tribunal tendrá repercusiones más allá de las fronteras gallegas, beneficiando a otras comunidades enfrentadas a desafíos similares.
El siguiente paso crucial radica en la implementación efectiva de la ley, incluida la transferencia de medios y servicios, como la gestión costera a cargo de la Demarcación de Costas. En este sentido, las opiniones de expertos como Rafael Eimil, quien abogaba por una gestión costera en manos de la Xunta, y Javier Larruga, que enfatiza las competencias y conocimientos de Galicia en esta área, son fundamentales.
En resumen, la sentencia del Tribunal Constitucional es más que una validación legal; representa un paso adelante hacia una gestión costera más integrada, sostenible y autónoma, no solo para Galicia, sino también para otras regiones costeras que enfrentan desafíos similares en todo el mundo.