- El conselleiro del Mar, afirma que la presidencia española del Consejo de la UE fue una oportunidad perdida para frenar los recortes en las capturas en especies de gran interese para la flota gallega
- El Gobierno gallego presentó a comienzos de año alegatos a las resoluciones de la Secretaría General de Pesca frente a los recortes para las pesquerías del abadejo y de raya reclamando poder acumular cuotas de varias zonas al otro lado de la propia flexibilidad de las 8C y 9La
- Las restricciones en especies como el jurel supusieron un golpe de 11 millones de euros al sector en el 2023, especialmente en el cerco, sin que se estudie la situación en cada zona para permitir aperturas de la pesquería en alguna de ellas
- Galicia critica que se cargue nos ajustes constantes a la actividad de la flota a mejora del estado de los caladeros comunitarios a pesar de los indicios de sostenibilidad medioambiental que no tienen traslado efectivo en la actividad pesquera
El conselleiro del Mar, Alfonso Villares, apoya las demandas del sector pesquero gallego y recama al Gobierno central cambios en la política de cuotas pesqueras que permita garantizar la sostenibilidad medioambiental de los caladeros así como la viabilidad económica de la actividad pesquera. Así, el responsable autonómico pone en valor a actuación del Gobierno autonómico en defensa de los intereses de la pesca gallega con la presentación de alegatos a las resoluciones de la Secretaría General de Pesca en la que se recogían propuestas concretas que permitían mejorar lo reparto de TACs actual.
El conselleiro del Mar recuerda que lo reparto de cuotas acordado en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea la finales del año pasado fue una oportunidad perdida, especialmente se tenemos en cuenta que en ese momento España ostentaba la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. “Así lo manifestamos en Bruselas durante las negociaciones que no supuso ninguna mejora a la propuesta inicial de la propia Comisión” explica. De este modo, no hubo ninguna reversión de los recortes en las capturas en especies de gran interese para la flota gallega como pueden ser el jurel, el abadejo o la raya, entre otras.
En esta línea, destaca que desde Galicia se realizaron alegatos a comienzos de año a las resoluciones de la Secretaría General de Pesca frente a estos recortes reclamando poder acumular cuotas de varias zonas al otro lado de la propia flexibilidad de las 8C (de Fisterra para arriba y el Cantábrico) y 9La (Fisterra hacia abajo). La ya exigua cuota de abadejo fijada para los años 2024 y 2025 de 70 toneladas para la zona 8C se reduce por el rebasamento en el 2023 de las posibilidades de captura en so 55,7 toneladas. Con el objetivo de limitar el impacto en la flota gallega, se alegó ante el Ministerio que la resolución apunta que, en base a la evolución de los consumos, se podría añadir el porcentaje que se determine de la cuota de España de zonas como la 9La, respetando las necesidades de la flota autorizadas en esas zonas. Es decir, la acumulación de ambas posibilidades de pesca para derivar cuotas de abadejo no consumidas en otras zonas.
Alfonso Villares resalta que desde la Administración autonómica se lleva tiempo trabajando en una propuesta que lleve a racionalizar la determinación de TAC y cuotas sobre especies que pueden ser estranguladoras de la actividad pesquera y no tienen peligro real de colapso de las poblaciones. Así, resaltó que la Xunta presentó informes que testimonian el impacto económico de los recortes en las capturas de otra especie importante para los intereses gallegos como el jurel que alcanzó los 11 millones de euros por lo que desde Galicia se reclama un análisis por zonas de la situación del recurso para permitir abrir la pesquería en algunas áreas. Hace falta recordar que el año pasado se consumió menos del 60% de la cuota que se podía pescar por parte de la flota gallega de artes menores, quedando sin utilizar cerca de 33.000 kilos.
Desde la Xunta se critica que se cargue nos ajustes constantes a la actividad de la flota a mejora del estado con los caladeros comunitarios a pesar de los indicios de sostenibilidad medioambiental que después no tienen traslado efectivo a la propia actividad pesquera. También se reclama una revisión de la implantación de TAC plurianuales siguiendo pautas de equilibrio y no la baja así como que estas sean debatidas con las CC.AA. con el objetivo de aportar datos que permitan alzas y nuevos ajustes.