- El naufragio del Villa de Pitanxo revela negligencias graves del patrón y la armadora, cobrando 21 vidas en aguas de Terranova.
Una cadena de negligencias que llevó al desastre
El naufragio del Villa de Pitanxo el 15 de febrero de 2022 frente a las costas de Terranova sigue conmocionando al sector marítimo. El reciente informe pericial de la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos (Ciaim) y el documento judicial encargado por la Audiencia Nacional coinciden en un mismo veredicto: el desastre no fue inevitable, sino consecuencia de decisiones negligentes del patrón y la armadora.
El error crucial: no abandonar a tiempo
Las investigaciones revelan que el patrón, Juan Enrique Padín, ignoró las señales claras de peligro minutos antes del naufragio. La escora creciente, las inundaciones y los problemas en el parque de pesca indicaban una situación crítica, pero Padín decidió priorizar la recuperación del aparejo y las capturas, retrasando la orden de abandono.
Los peritos concluyen que cuando finalmente se ordenó el abandono del buque, ya era demasiado tarde para llevar a cabo un procedimiento seguro y ordenado. La situación había escalado al punto de que no se pudieron desplegar ni arriar correctamente las balsas salvavidas, provocando que una de ellas se inundara. De hecho, solo dos tripulantes lograron subir a la balsa con traje de inmersión: el propio patrón y su sobrino, Eduardo Rial.
La paradoja del motor parado
Otro de los puntos críticos en el informe es el fallo del motor. Según el patrón, el propulsor se detuvo repentinamente sin razón aparente. Sin embargo, los peritos sostienen que el motor se paró porque el agua, que ya inundaba el barco, alcanzó la sala de máquinas debido a una compuerta abierta. El patrón solo comprendió la gravedad cuando ya no había maniobrabilidad ni electricidad.
Formación en seguridad: la gran ausente
El informe también denuncia la falta de simulacros de emergencia. Aunque la empresa de prevención registró ejercicios en 2020, en la marea del naufragio no se realizaron prácticas de abandono. Uno de los supervivientes lo confirmó, alegando que el día que se anotó un simulacro, varios tripulantes estaban desembarcando en Marín y otros estaban comunicándose por WhatsApp, algo incompatible con la realización de estos ejercicios.
Decisiones imprudentes bajo presión económica
El Villa de Pitanxo zarpó con condiciones laborales precarias y una presión económica que pudo influir en las decisiones del patrón. La necesidad de recuperar el arte perdido y maximizar las capturas en una campaña económicamente crítica llevaron a Padín a mantener el rumbo pese a la mar gruesa y las olas de siete metros. Reiniciar la navegación a 3,5 nudos en esas condiciones fue una apuesta temeraria que costó 21 vidas.
Sobrecarga y modificaciones ilegales
El informe también revela que el buque iba sobrecargado y presentaba modificaciones estructurales no autorizadas. La armadora había instalado tanques de gasoil adicionales sin supervisión, reduciendo la estabilidad de la embarcación. Además, las inspecciones periódicas no detectaron estas irregularidades, y la documentación del barco no reflejaba su estado real.
Falta de control y documentación falsa
Tras el naufragio, la armadora declaró que a bordo iban 22 tripulantes, cuando en realidad eran 24. Este error dificultó la coordinación del rescate en las primeras horas críticas. Además, la investigación apunta a documentos manipulados, como certificados de revisión falsos para trajes de inmersión que nunca fueron inspeccionados.
El mar no perdona la imprudencia
El caso del Villa de Pitanxo no es un incidente aislado. Las deficiencias en la gestión de seguridad marítima reflejan problemas estructurales del sector. La combinación de presión económica, malas prácticas laborales y decisiones imprudentes convierte cada marea en una apuesta arriesgada. El mar gallego no puede seguir pagando este alto precio. Es urgente replantear los protocolos de seguridad y fortalecer los controles para evitar nuevas tragedias.
El naufragio del Villa de Pitanxo no solo deja dolor y pérdida para las familias de los 21 fallecidos, sino también un profundo cuestionamiento sobre la gestión de riesgos en la pesca de altura. Las conclusiones periciales exigen respuestas contundentes y medidas que garanticen la seguridad de quienes enfrentan el océano día a día.