- La Fiscalía solicita nueve años de prisión para el patrón y los armadores del Villa de Pitanxo por la muerte de 21 tripulantes en el naufragio de 2022.
- La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa al patrón y a los armadores del Villa de Pitanxo de actuar con grave imprudencia y solicita nueve años de prisión por el naufragio que costó la vida a 21 marineros.
Villa de Pitanxo: la Fiscalía pide 9 años de cárcel para patrón y armadores
El naufragio del Villa de Pitanxo continúa marcando uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente de la pesca española. Más de tres años después de la tragedia ocurrida en aguas de Terranova, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado nueve años de prisión para el patrón del buque y los dos máximos responsables de la empresa armadora, al considerar que detrás del hundimiento existió una cadena de decisiones negligentes que acabó costando la vida a 21 de los 24 tripulantes.
La acusación provisional dibuja un escenario demoledor en el que confluyen presuntas irregularidades estructurales del barco, incumplimientos en materia de seguridad laboral y una gestión operativa que, según el Ministerio Público, puso en riesgo la vida de toda la tripulación.
Una tragedia que conmocionó al sector pesquero
El Villa de Pitanxo se hundió en la madrugada del 15 de febrero de 2022 a unas 250 millas de la costa de Terranova, en una de las zonas de pesca más exigentes del Atlántico Norte.
De los 24 tripulantes que se encontraban a bordo, solo tres lograron sobrevivir. El resto perdió la vida en un naufragio que provocó una enorme conmoción en Galicia y en toda la comunidad pesquera internacional.
Desde entonces, familiares de las víctimas, organizaciones del sector y administraciones han reclamado respuestas sobre las causas reales del accidente y las posibles responsabilidades derivadas del mismo.
La Fiscalía apunta a una cadena de negligencias
La Fiscalía considera que el capitán del buque, Juan Enrique Padín Costas, junto con los responsables de la armadora Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez y José Antonio Nores Ortega, actuaron con una imprudencia grave y un desprecio inaceptable hacia la seguridad de los trabajadores.
Por ello solicita para cada uno de ellos una condena de nueve años de prisión por un concurso de delitos que incluye:
1.- 21 homicidios por imprudencia grave
Cada una de las víctimas mortales constituye un delito independiente de homicidio imprudente dentro de la acusación formulada por el Ministerio Público.
2.- Un delito de lesiones imprudentes
La acusación incluye también las graves lesiones sufridas por el marinero Samuel Koufie, uno de los tres supervivientes del naufragio.
3.- Delito contra los derechos de los trabajadores
La Fiscalía sostiene que la empresa permitió que la actividad pesquera se desarrollara en condiciones incompatibles con la normativa de seguridad marítima y laboral.
4.- El exceso de tripulación y el inicio de la investigación
Uno de los primeros elementos destacados por la acusación es que el Villa de Pitanxo habría abandonado Vigo con más personas a bordo de las autorizadas.
Según el escrito fiscal, el certificado de navegabilidad permitía un máximo de 22 personas, mientras que el pesquero habría partido con 25 ocupantes.
Esta circunstancia constituye uno de los numerosos incumplimientos detectados durante la investigación y refleja, según la Fiscalía, una gestión deficiente de la seguridad desde el inicio de la campaña.
La noche del hundimiento
La tragedia se desencadenó cuando el arte de arrastre quedó atrapado en el fondo marino mientras el barco faenaba en el caladero de Flemish Cap, una zona conocida por sus condiciones meteorológicas extremas.
En medio de un temporal con olas de hasta diez metros y fuertes vientos, la tripulación realizó diversas maniobras para intentar liberar las redes.
La Fiscalía sostiene que las decisiones adoptadas durante esos momentos críticos agravaron una situación ya de por sí muy compleja.
La entrada masiva de agua en el buque habría provocado una escora progresiva e irreversible que terminó por inutilizar los sistemas eléctricos y de propulsión.
Apenas unos minutos después de emitirse la señal de socorro, el Villa de Pitanxo desaparecía bajo las aguas del Atlántico Norte.
Reformas no autorizadas y pérdida de estabilidad
Uno de los aspectos más relevantes de la acusación se centra en las modificaciones estructurales realizadas en el buque.
Según la investigación, la embarcación habría incorporado tanques adicionales de combustible que no figuraban en la documentación oficial ni en los cálculos de estabilidad aprobados.
La capacidad autorizada era de 348 metros cúbicos de combustible, mientras que las modificaciones realizadas habrían permitido superar los 400 metros cúbicos.
Para la Fiscalía, estas alteraciones incrementaron el peso total del barco y redujeron su margen de seguridad, afectando directamente a su comportamiento en condiciones meteorológicas adversas.
Además, el pesquero transportaba en el momento del accidente más de 130 toneladas de pescado capturado, circunstancia que también habría influido en su estabilidad.
Deficiencias graves en los equipos de salvamento
La acusación recoge igualmente importantes carencias en los sistemas de emergencia.
Entre las irregularidades señaladas figuran:
- Falta de una escalera de evacuación prevista en los planos de seguridad.
- Insuficiencia de trajes de inmersión para todas las personas embarcadas.
- Equipos de supervivencia que no cumplían los requisitos exigidos por la normativa.
- Revisiones e inspecciones pendientes durante años.
- Cremalleras defectuosas en algunos trajes utilizados durante la emergencia.
Según la Fiscalía, estas deficiencias dificultaron enormemente las posibilidades de supervivencia de los tripulantes cuando se ordenó el abandono del barco.
La ausencia de simulacros, otro punto clave
Otro de los aspectos que más preocupa al Ministerio Público es la supuesta inexistencia de simulacros de abandono.
La normativa marítima obliga a realizar ejercicios periódicos para que la tripulación conozca los procedimientos de emergencia y el uso correcto de los equipos de salvamento.
Sin embargo, la investigación concluye que muchos marineros desconocían incluso qué traje de supervivencia les correspondía o dónde se encontraba ubicado.
Para la acusación, esta falta de preparación pudo resultar determinante en los escasos minutos que transcurrieron entre la emergencia y el hundimiento definitivo.
Galicia sigue esperando respuestas
El caso Villa de Pitanxo trasciende el ámbito judicial. En Galicia, donde residían muchas de las víctimas y sus familias, el proceso continúa siendo seguido con enorme atención.
La tragedia abrió un intenso debate sobre la seguridad en la pesca de altura, la supervisión de las flotas que operan en aguas lejanas y la necesidad de reforzar los controles sobre las condiciones laborales de los marineros.
La petición de prisión formulada por la Fiscalía supone un paso decisivo en una causa que busca esclarecer qué ocurrió realmente aquella madrugada de febrero de 2022 y determinar si la pérdida de 21 vidas pudo haberse evitado.