- La indemnización de 5,1 millones por el Villa de Pitanxo desmonta argumentos técnicos sobre el naufragio y reaviva el debate marítimo.
Una resolución que marca rumbo en el caso Pitanxo
La pérdida del Villa de Pitanxo, uno de los naufragios más graves de la pesca gallega reciente, vuelve a situarse en el centro del sector. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Pontevedra, ahora firme, obliga a tres aseguradoras a indemnizar con 5,1 millones de euros a Pesquerías Nores, armadora del buque que se hundió el 15 de febrero de 2022 a 250 millas de Terranova, causando la muerte de 21 tripulantes.
Con el acuerdo de todas las partes sobre el pago de la condena, el fallo no solo cierra el proceso civil, sino que añade nuevos elementos de lectura para un sector que sigue buscando respuestas.
Indemnización y responsabilidades: lo que aclara la sentencia
La resolución judicial responsabiliza económicamente a:
- Mapfre España: 3.104.408 €
- Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo: 1.034.802 €
- Mutua de Seguros de Armadores de Buques de Pesca en España: 1.034.802 €
Las aseguradoras trataron de eludir el pago apelando a presuntas irregularidades en la gestión del barco: supuestas modificaciones no autorizadas, tanques de combustible fuera de plano, problemas de calado, escora permanente o deficiencias en la gestión sanitaria durante el covid.
Pero la jueza fue tajante: ninguna de esas alegaciones quedó acreditada.
El fallo recuerda que, según el principio de universalidad del riesgo naval, el asegurado solo debe demostrar que el daño —la pérdida total del buque— se produjo “con ocasión de la navegación marítima”, sin necesidad de probar la causa exacta. Y en este caso, existían pruebas concluyentes del naufragio.
Inspecciones en regla y navegabilidad acreditada
La sentencia subraya que el Villa de Pitanxo había superado todas las inspecciones reglamentarias, contaba con certificados técnicos vigentes y disponía del despacho y la certificación de navegabilidad emitidos por la autoridad marítima competente, documentos que garantizan que un buque cumple los requisitos para hacerse a la mar.
A ello se suman las revisiones de Bureau Veritas y de los inspectores de Capitanía Marítima días antes de la salida del pesquero desde Vigo. Los testimonios técnicos descartaron el uso de pañoles o espacios no declarados como tanques de combustible y calificaron de “inverosímil” la hipótesis de una sobrecarga oculta.
También quedó sin sustento la teoría de una escora permanente de tres o cuatro grados, una de las ideas que más ruido había generado en el entorno de la investigación.
El cruce de interpretaciones: la sentencia contra la Ciaim
La resolución civil, ya firme, ha sido interpretada por la defensa de la armadora como un golpe a las tesis de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), cuyo informe preliminar apuntaba a varios factores contribuyentes que ahora quedan cuestionados.
Los abogados de Pesquerías Nores aseguran que, tras casi cuatro años de análisis, muchas de las dudas planteadas por la Ciaim —obras no autorizadas, navegación en zona de hielos, calados incorrectos, escora previa o fallos en el cierre de la tolva de desperdicios— ya han sido despejadas judicialmente.
Entre la documentación que respalda esta lectura figuran declaraciones de inspectores públicos, técnicos de clasificación, prácticos del puerto de Vigo y otros profesionales que participaron en las certificaciones previas a la última marea del buque.
En conjunto, sostienen que el pesquero estaba en condiciones de navegabilidad, que no había hielo en el momento del siniestro y que no existían modificaciones ilegales.
Un caso que sigue navegando en aguas profundas
Aunque esta sentencia firme no aborda las causas definitivas del naufragio —competencia de la investigación administrativa y judicial penal—, sí influye en el debate técnico y sectorial. La colisión entre conclusiones civiles y administrativas alimenta un escenario complejo para un caso cargado de sensibilidad humana y profesional.
En el sector pesquero, el impacto va más allá del resultado económico: la resolución introduce elementos de seguridad jurídica y cuestiona algunas hipótesis que habían generado inquietud entre armadores, tripulaciones y entidades del ámbito marítimo.
El Villa de Pitanxo sigue siendo una herida abierta para la pesca gallega, pero esta sentencia marca un nuevo punto de referencia en un proceso que aún tiene recorrido.