- La reducción de días de pesca impuesta por la Unión Europea moviliza a más de 200 buques en la Comunitat Valenciana y 93 en Andalucía, poniendo en jaque la viabilidad del sector pesquero.
La reciente decisión de la Unión Europea de reducir drásticamente los días de pesca en el Mediterráneo ha encendido las alarmas en el sector pesquero español. En respuesta, cerca de 200 buques de la Comunitat Valenciana y 93 en Andalucía han decidido amarrar sus embarcaciones en señal de protesta, denunciando una medida que consideran letal para su supervivencia económica.
En la Comunitat Valenciana, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha expresado su firme apoyo a los pescadores, calificando la reducción de los días de pesca de 133 a tan solo 27 como un “ataque directo” a la viabilidad del sector. Barrachina ha subrayado que esta medida podría conllevar una pérdida económica anual de 85 millones de euros y la eliminación de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la región. Además, ha criticado al Gobierno central por su falta de influencia en Europa y ha instado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a adoptar una postura más firme en Bruselas para defender los intereses de los pescadores españoles.
Por su parte, en Andalucía, la flota de arrastre ha iniciado un paro indefinido en protesta por el recorte del 79% de los días de pesca impuesto por la UE, que reduce las jornadas de faena de 220 en 2019 a apenas 27 en 2025. Los pescadores andaluces, que cuentan con 93 embarcaciones repartidas entre Almería, Málaga y Granada, consideran esta reducción insostenible y exigen soluciones inmediatas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado una reunión con el sector para el próximo 7 de enero, con el objetivo de abordar la situación y buscar alternativas que mitiguen el impacto de estas restricciones.
La protesta de los pescadores del Mediterráneo refleja la profunda preocupación por el futuro de una actividad esencial para la economía y el abastecimiento de productos frescos en las regiones costeras. Mientras las autoridades buscan equilibrar la sostenibilidad ambiental con la viabilidad económica del sector, los pescadores demandan medidas que no comprometan su subsistencia ni la de las comunidades que dependen de la pesca.