Un Impacto económico y social significativo
El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha destacado el firme compromiso del Gobierno gallego en defensa del sector pesquero durante su comparecencia en Luxemburgo. Villares acudió el jueves a la vista oral del recurso presentado por la Organización de Produtores Pesqueiros de Burela junto con 16 compañías afectadas, contra el veto impuesto por la Comisión Europea a la pesca de fondo en 87 zonas del Atlántico nororiental.
El Gobierno gallego, que comparece en calidad de coadyuvante de la parte demandante, subraya el impacto negativo de esta decisión que afecta directamente a 200 embarcaciones y, de forma indirecta, a otras 946 de artes menores. La prohibición ha sido criticada por su falta de fundamentos técnicos y científicos, con un fuerte respaldo de organismos como el Consello Internacional para a Exploración do Mar (ICES) y un reciente informe del Parlamento Europeo.
Argumentos técnicos y científicos
Villares ha defendido ante el Tribunal Xeral da Unión Europea que la modalidad de palangre demersal destinada a la captura de pescada no cumple con las condiciones señaladas en el Reglamento base y no figura en la clasificación de artes de pesca perjudiciales para los ecosistemas marinos vulnerables. Este argumento se ve respaldado por el ICES, que asesora a la Comisión, y que ha señalado que el veto carece de base científica.
El conselleiro también ha subrayado que la medida adoptada por la Comisión no considera adecuadamente el impacto socioeconómico, un factor crucial dado que el sector pesquero representa un valor añadido bruto (VAB) 25 veces superior al de la media de la UE y seis veces superior al del conjunto de España. La pesca es la principal actividad económica en un tercio de los municipios gallegos, lo que resalta su importancia vital para la región.
Un recurso necesario
El recurso busca la anulación del artículo 2 y del Anexo II del Reglamento de Ejecución de la Comisión, y de manera subsidiaria, la invalidez de los apartados 6 y 9 del artículo 9 del Reglamento base. La Xunta ha trabajado intensamente para proporcionar al tribunal comunitario información precisa sobre las repercusiones económicas y sociales de la prohibición, argumentando que la decisión de la Comisión es arbitraria y no está fundamentada en una evaluación técnica rigurosa.
Villares ha criticado que la decisión de la Comisión Europea fue tomada por un comisario de Pesca del grupo de los Verdes, sin una adecuada consideración de los impactos sociales y económicos. Ha remarcado que se necesita un comisario específico de Pesca que equilibre eficazmente las necesidades del sector con la protección ambiental, permitiendo a Galicia mantener su liderazgo europeo en la pesca y garantizando la soberanía alimentaria del continente.
Esperanza en la justicia europea
El conselleiro espera que el Tribunal Xeral da Unión Europea atienda la argumentación presentada y permita revocar el veto a la pesca de fondo en las 87 áreas del Atlántico nororiental. La Xunta y el sector pesquero gallego continúan luchando por una decisión que refleje una visión equilibrada, integrando la sostenibilidad ambiental con la vital importancia económica y social del sector pesquero para Galicia y Europa.