- El sector pesquero europeo exige a Bruselas que actúe contra la flota china vinculada a pesca ilegal cuyos productos siguen entrando en el mercado comunitario.
- La Comisión Europea permite la comercialización en la UE de capturas de buques chinos ligados a la pesca ilegal. El sector reclama sanciones y el mismo rigor para todos.
La pesca europea ha dicho basta. En plena lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), el sector exige a Bruselas que actúe con firmeza frente a la flota china vinculada a prácticas irregulares. La gota que colma el vaso es que varios buques retirados formalmente de listas negras internacionales siguen teniendo vía libre para vender sus capturas en el mercado comunitario, una situación que amenaza la credibilidad del sistema europeo de control pesquero.
La pregunta que se hacen armadores y organizaciones profesionales es clara: ¿por qué la Comisión Europea no se atreve a sacar la tarjeta amarilla a China?
Siete buques con pasado INDNR y acceso al mercado europeo
El foco está puesto en siete pesqueros chinos que, pese a haber sido señalados durante años por pesca ilegal, pueden hoy comercializar sus productos en la Unión Europea. Se trata de buques que operaron bajo los nombres Lu Rong Yuan Yu 101, 102, 103, 105, 106, 108 y 109, incluidos en listas INDNR al menos desde 2017.
En 2024, estos barcos cambiaron de nombre —pasaron a denominarse Lu Rong Yuan Yu 810, 811, 812, 813, 815, 816 y 817— y fueron retirados de la categoría INDNR, pese a la oposición expresa del comité técnico de la Comisión de Pesca del Pacífico Norte (NPFC).
El detalle clave es que mantienen el mismo número IMO, el identificador único e intransferible de cualquier buque. Es decir, cambió el nombre, pero no el “DNI” del barco.
Sin autorización para faenar, pero con permiso para vender
Aunque ya no cuentan con autorización para operar en aguas reguladas por la NPFC y su actividad sigue siendo considerada irregular por esta organización regional de pesca, sus capturas pueden entrar legalmente en el mercado europeo.
Esta situación fue destapada por una investigación periodística y confirmada posteriormente por la propia Comisión Europea. El comisario de Pesca, Costas Kadis, reconoció en una respuesta parlamentaria escrita que Bruselas era consciente de los hechos:
«La Comisión era consciente de la situación reportada por FARO DE VIGO».
Para el sector, este reconocimiento oficial agrava el problema, al evidenciar que no se trata de un fallo administrativo, sino de una decisión política.
El sector reclama “el mismo rigor” para todos
Organizaciones pesqueras europeas denuncian un doble rasero en la aplicación de las normas. Mientras las flotas comunitarias están sometidas a controles exhaustivos, inspecciones constantes y sanciones inmediatas, terceros países como China esquivan medidas contundentes pese a reiteradas advertencias internacionales.
La legislación europea contempla mecanismos claros contra la pesca ilegal, incluida la tarjeta amarilla, paso previo a sanciones comerciales más duras. Sin embargo, Bruselas evita activarlos en el caso chino, pese a tratarse de uno de los países con mayor historial de infracciones a nivel mundial.
Impacto económico y competencia desleal
La permisividad con estas prácticas tiene consecuencias directas sobre la rentabilidad de la pesca europea. La entrada de producto capturado en condiciones irregulares distorsiona los precios, genera competencia desleal y penaliza a quienes cumplen estrictamente con la normativa.
Además, debilita los esfuerzos globales para la sostenibilidad de los recursos marinos, uno de los pilares que la UE defiende en foros internacionales, pero que, según el sector, no siempre aplica con coherencia.
Galicia, especialmente afectada
Galicia, como principal potencia pesquera del Estado y una de las regiones más dependientes del mar en Europa, observa esta situación con especial preocupación. Armadores, cofradías y organizaciones gallegas alertan de que la falta de contundencia frente a la flota ilegal socava años de esfuerzo en control, trazabilidad y sostenibilidad.
Para el sector gallego, permitir la entrada de pescado de buques con antecedentes INDNR supone un agravio comparativo y un golpe a la imagen de una pesca responsable construida durante décadas.
Una credibilidad en juego
La polémica va más allá de siete buques concretos. Está en juego la credibilidad de la política pesquera europea y su liderazgo en la lucha contra la pesca ilegal. El sector lo tiene claro: o Bruselas aplica el mismo rigor a todos los operadores, o el sistema perderá legitimidad.
La pelota está en el tejado de la Comisión Europea. Mientras tanto, la pesca europea sigue esperando una respuesta que esté a la altura del discurso oficial.