- El CESE respalda reforzar las sanciones a países terceros que practiquen pesca no sostenible, protegiendo así los recursos marinos y el sector pesquero europeo.
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha dado un paso firme en la protección de los recursos pesqueros de la Unión Europea al respaldar la propuesta de modificación del Reglamento (UE) n.º 1026/2012. Con este dictamen, aprobado hoy, el CESE avala medidas más estrictas contra la pesca no sostenible realizada por países no comunitarios, un problema que pone en riesgo la conservación de los ecosistemas marinos y la competitividad del sector pesquero europeo.
El informe, presentado por Javier Garat, secretario general de Cepesca, con el asesoramiento de Daniel Voces, director general de Europêche, destaca la necesidad de ampliar el alcance geográfico de estas regulaciones más allá del Atlántico nordeste, incluyendo también el Mediterráneo y otras aguas internacionales. Este enfoque busca cerrar brechas normativas que han permitido que prácticas pesqueras irresponsables continúen sin consecuencias.
Entre las principales recomendaciones, el dictamen propone herramientas más contundentes para frenar estas prácticas desleales, como la prohibición de importaciones de productos obtenidos mediante sobrepesca o métodos destructivos. Estas sanciones se aplicarían bajo las directrices de la Organización Mundial del Comercio (OMC), garantizando su viabilidad legal dentro del comercio internacional.
Asimismo, el CESE insta a reforzar la coherencia entre las normativas europeas, asegurando una mejor coordinación con el Reglamento (CE) n.º 1005/2008 sobre pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Además, se recomienda que los consejos consultivos del sector sean informados con mayor rapidez sobre países que incumplen las normas de sostenibilidad, facilitando así una respuesta más ágil y efectiva.
El dictamen llega en un momento clave, en el que las tensiones con países como Noruega han aumentado debido a su gestión unilateral de especies compartidas como el bacalao y la caballa. Para contrarrestar estos desafíos, el Comité propone que la UE refuerce alianzas estratégicas con Islandia y utilice el acceso al mercado europeo como un mecanismo de presión para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de pesca.
El 70 % de los productos pesqueros consumidos en Europa proviene de países terceros, lo que hace que la aplicación de estas medidas sea crucial para evitar la entrada de productos obtenidos mediante prácticas insostenibles. En este sentido, se plantean enmiendas legislativas para exigir a los Estados exportadores controles más estrictos que aseguren la conservación de los recursos compartidos y eviten la discriminación de la flota comunitaria frente a intereses nacionales.
El fortalecimiento del Reglamento (UE) n.º 1026/2012 responde a la creciente agresividad de ciertos países en la explotación de los recursos marinos y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, particularmente el ODS 14 sobre vida submarina y el ODS 12 sobre producción y consumo responsables. Con esta actualización normativa, la UE busca blindar su modelo pesquero sostenible frente a actores externos que amenazan la equidad del sector y la salud de los océanos.