- El destino del litoral gallego se debate entre la protección ambiental y el desarrollo económico.
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la ley gallega del litoral ha abierto un nuevo capítulo en la gestión de los más de 2.500 kilómetros de costa que bordean Galicia. Más allá de ser una mera decisión judicial, este veredicto ha desencadenado un debate profundo sobre el futuro del litoral gallego y los desafíos que enfrenta en términos de protección medioambiental y desarrollo económico.
El origen de esta ley se remonta a abril del año pasado, cuando la Xunta aprobó el proyecto de Ley de ordenación e gestión integrada do litoral de Galicia. La motivación principal era ajustar la regulación costera a la realidad gallega, equilibrando la conservación del medio ambiente con las necesidades socioeconómicas de la región. Sin embargo, desde el principio, el Gobierno central manifestó sus reticencias, llegando incluso a calificar la ley como «casi una declaración de independencia».
¿Cuáles son los riesgos que la Xunta identifica para justificar esta ley? Principalmente, se hace referencia a los cambios introducidos por la Ley de Cambio Climático y el nuevo reglamento general de Costas, que podrían afectar la duración de las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre y, por ende, poner en peligro numerosas edificaciones y empresas en la costa gallega.
La ley gallega del litoral establece una serie de medidas para regular todas las áreas costeras, desde la zona terrestre hasta las aguas marinas, dividiéndolas en función de su estado de conservación. Además, crea siete usos estratégicos para el desarrollo socioeconómico, como la protección de la industria pesquera y la promoción del turismo sostenible.
Sin embargo, el Gobierno central ha cuestionado la constitucionalidad de esta ley y ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad. Argumenta que Galicia no ha reformado su Estatuto para reconocer estas competencias, como sí lo han hecho otras comunidades autónomas. Además, Madrid considera que la normativa gallega puede comprometer la protección del litoral español.
La falta de unanimidad en Galicia también ha añadido complejidad al debate. Aunque el Parlamento autonómico aprobó la ley con el apoyo del PP y la abstención del BNG y el PSdeG, las diferencias sobre la fórmula empleada para obtener la competencia han generado tensiones políticas.
En última instancia, la sentencia del Tribunal Constitucional ha puesto sobre la mesa una serie de interrogantes fundamentales: ¿Cómo se puede conciliar la protección del medio ambiente con el desarrollo económico en el litoral gallego? ¿Qué papel debe desempeñar el Gobierno central en la gestión de estas áreas? ¿Y cuál es el camino a seguir para garantizar un equilibrio sostenible entre conservación y progreso en nuestras costas? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son cruciales para el futuro de Galicia y su relación con el mar que la rodea.