- El sector transformador alerta de que las sanciones al pescado ruso podrían provocar desabastecimiento, inflación y pérdida de competitividad en Europa.
- Conxemar y Anfaco reclaman a la UE que evalúe el impacto real del veto al pescado ruso para evitar que las procesadoras europeas paguen las consecuencias con más costes y menos suministro.
La geopolítica llega al plato de los consumidores europeos
La guerra de Ucrania vuelve a sacudir al sector pesquero europeo. La Comisión Europea ha anunciado nuevas sanciones contra Rusia que, por primera vez, apuntan directamente a sus exportaciones de productos pesqueros. Aunque Bruselas todavía no ha concretado todos los detalles, el mensaje es claro: reducir progresivamente la dependencia del pescado ruso.
Sin embargo, mientras parte de la flota europea celebra una medida que considera necesaria para corregir desequilibrios competitivos, la industria transformadora observa con preocupación un escenario que podría traducirse en escasez de materias primas, incremento de costes y pérdida de competitividad frente a terceros países.
El reto, advierten desde el sector, será encontrar el difícil equilibrio entre la respuesta política al conflicto y la viabilidad económica de una industria que da empleo a miles de personas en Europa.
Bacalao y abadejo: dos especies estratégicas
Rusia ocupa una posición relevante en el abastecimiento europeo de determinadas especies difíciles de sustituir.
Uno de los ejemplos más evidentes es el bacalao. Según los datos disponibles, España importó en 2023 producto ruso por valor cercano a los 62 millones de euros. Esto significa que aproximadamente uno de cada seis euros destinados a comprar bacalao extranjero terminó en manos de proveedores rusos.
La otra especie clave es el abadejo de Alaska, una materia prima esencial para numerosas industrias transformadoras españolas. Con ella se elaboran filetes congelados, productos rebozados y surimi, ingrediente base de los populares palitos de pescado.
Su importancia radica no solo en el volumen de consumo, sino también en la dificultad de encontrar suministros alternativos capaces de cubrir la demanda europea sin provocar tensiones en el mercado.
Conxemar: abastecimiento sin distorsiones
Desde Conxemar, una de las principales organizaciones del sector transformador, consideran imprescindible analizar cuidadosamente las consecuencias de cualquier restricción.
La asociación recuerda que el impacto no debe medirse únicamente sobre las importaciones afectadas, sino sobre el conjunto del mercado europeo.
“Más allá del impacto directo que puedan tener las sanciones sobre determinadas importaciones, será necesario evaluar sus consecuencias sobre el equilibrio general del mercado, la disponibilidad de materias primas y la competitividad de la industria transformadora europea”.
La organización insiste en que el principal desafío será garantizar el suministro sin generar nuevas distorsiones en las cadenas logísticas y comerciales.
Anfaco: una medida “desbalanceada”
Desde Anfaco-Cecopesca también defienden la necesidad de proteger la pesca legal y los intereses europeos, pero consideran que las medidas deben diseñarse con mayor precisión.
Su secretario general, Roberto Alonso, cree que la decisión anunciada corre el riesgo de perjudicar más a la propia industria europea que a Rusia.
A su juicio, el escenario actual está “desbalanceado” porque puede traducirse en mayores costes para los transformadores comunitarios sin afectar de forma equivalente a la capacidad exportadora rusa.
Además, alerta sobre dos consecuencias especialmente sensibles para el consumidor:
Riesgo de inflación
Una menor oferta de materias primas suele trasladarse a mayores precios.
En un contexto en el que el sector aún arrastra el impacto del incremento de costes energéticos, logísticos y laborales, nuevas tensiones podrían acabar repercutiendo en el precio final de numerosos productos del mar.
Posible desabastecimiento
Algunas categorías dependen significativamente de estas especies para mantener la producción.
La falta de alternativas inmediatas podría reducir la disponibilidad de determinados elaborados en los lineales europeos.
El precedente de 2024: precios disparados
El sector ya conoce las consecuencias de restringir el acceso a pescado ruso.
En 2024, Rusia dejó de beneficiarse del régimen de contingentes arancelarios autónomos de la Unión Europea, un mecanismo que permitía importar determinados productos sin pagar aranceles.
Desde entonces, el precio del bacalao en bruto prácticamente se ha duplicado.
Según explica Mikel Ojanguren, director general de Dimar, el coste pasó de unos 4,5 euros por kilo a situarse cerca de los 9 euros por kilo en apenas dos años.
A ello se sumaron dos factores determinantes:
- La reducción de cuotas en algunos caladeros estratégicos.
- Las sanciones impuestas a uno de los grandes proveedores mundiales de pescado.
¿Entrará el pescado ruso por la puerta de atrás?
El sector tampoco descarta un fenómeno ya conocido: la reexportación a través de terceros países.
China aparece como uno de los posibles intermediarios para que parte del pescado ruso siga llegando al mercado europeo transformado o reenvasado.
Si este escenario se consolida, el producto continuaría abasteciendo a Europa, pero con un eslabón adicional en la cadena comercial.
La consecuencia sería inmediata: más costes y un nuevo encarecimiento de la materia prima.
Galicia, especialmente pendiente
Galicia concentra buena parte de la industria transformadora española de productos del mar y es una de las grandes potencias europeas del sector.
Empresas dedicadas al bacalao, al surimi o a los productos congelados observan con inquietud unas decisiones que podrían afectar a su capacidad productiva y a miles de empleos directos e indirectos.
El debate trasciende así el ámbito geopolítico para convertirse en una cuestión económica y social de primer orden para las comunidades costeras.
Entre la política y la realidad industrial
La industria del mar comparte la necesidad de defender la legalidad internacional y responder ante la invasión rusa de Ucrania.
Sin embargo, reclama que las decisiones políticas tengan en cuenta la complejidad de unas cadenas de suministro globales altamente interconectadas.
El verdadero desafío para Bruselas será demostrar que es posible sancionar sin debilitar a quienes transforman, generan empleo y garantizan el abastecimiento alimentario en Europa.
Porque, si las medidas no se calibran adecuadamente, el precio de la geopolítica podría terminar pagándose en las plantas transformadoras europeas… y también en el bolsillo de los consumidores.