Industria conservera en alerta por riesgo de 4.665 empleos en UE

  • La industria de conserva europea exige que el atún sea excluido de los acuerdos comerciales con Tailandia, advirtiendo de riesgos para el empleo y la competencia justa.

La industria conservera europea, liderada por patronales como Anfaco-Cecopesca y respaldada por sindicatos de España, Portugal e Italia, alza la voz contra los posibles acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Tailandia. Durante una reunión en Santiago, organizaciones del sector firmaron una declaración conjunta que pone el foco en las graves amenazas que perciben si el atún tailandés entra en el mercado europeo sin aranceles.

Un estudio de impacto socioeconómico, realizado por la consultora EPPA, estima que la inclusión de atún tailandés en estos acuerdos podría causar una pérdida de ingresos de 805 millones de euros y la desaparición de 4.665 empleos a tiempo completo en la próxima década. Estos trabajos, mayoritariamente ocupados por mujeres en zonas costeras de España, Portugal e Italia, representan casi un 25% del empleo de la industria del atún en la UE.

Los productores europeos argumentan que Tailandia, el mayor exportador mundial de atún en conserva, no cumple con los estándares europeos de sostenibilidad, condiciones laborales y sanidad, en tanto que hasta el 45% del atún tailandés no cumple con las normativas de la UE. Además, Tailandia aún no ha ratificado varios convenios internacionales en derechos humanos y laborales, lo cual preocupa a los defensores de la competencia justa en el mercado europeo .

La declaración conjunta busca elevar esta preocupación a las instituciones europeas, solicitando que se excluya el atún de estos acuerdos. Los firmantes advierten sobre el precedente del acuerdo con Vietnam, donde se permitió la entrada de atún con un contingente inicial de 11.500 toneladas, a pesar de las advertencias de pesca ilegal y la falta de regulaciones comparables.

En este contexto, la industria reclama que cualquier nuevo acuerdo sea equitativo y considere los estándares laborales y sanitarios de la UE, evitando lo que califican como un “caballo de Troya” que abre la puerta a condiciones desleales y al riesgo de deslocalización industrial.