- Galicia gestionará más de 2.500 kilómetros de litoral, con competencias clave en usos, vigilancia y ordenación, sumándose a otras comunidades con litoral transferido.
A partir del 1 de julio de 2025, Galicia dará un paso trascendental en su autonomía al asumir la gestión directa de sus más de 2.500 kilómetros de costa. La medida, largamente reivindicada por sectores sociales y económicos ligados al mar, fue formalizada este 9 de abril en Santiago de Compostela durante la 44ª Comisión Mixta de Transferencias Estado-Galicia. Esta decisión coloca a Galicia a la altura de otras comunidades con competencias propias en esta materia, como Cataluña, País Vasco, Andalucía, Baleares y Canarias, y abre un nuevo escenario de autogobierno y gestión estratégica del territorio litoral.
La transferencia no solo supone un cambio jurídico-administrativo, sino que tiene profundas implicaciones económicas, medioambientales y sociales. Galicia, con su compleja orografía costera y una fuerte dependencia de sectores como la pesca, la acuicultura, el turismo y la industria conservera, se enfrentaba a una estructura de competencias fragmentadas que, según numerosos actores del sector, generaba incertidumbre jurídica, retrasos administrativos y falta de adaptación a las realidades locales.
Qué se transfiere (y qué no)
El paquete de competencias traspasadas abarca cuestiones clave como la autorización de usos temporales en playas, fondeos en zonas de mar territorial, la gestión de accesos y servidumbres de paso, así como la vigilancia y la imposición de sanciones en estos ámbitos. Esto permitirá a la Xunta autorizar desde chiringuitos y actividades náuticas hasta usos industriales o turísticos con mayor agilidad y conocimiento del terreno. Además, el control de las servidumbres de protección y acceso al mar resulta fundamental en un territorio donde las tensiones entre urbanismo, conservación y actividad económica han sido históricas.
Sin embargo, el Estado mantiene en su poder competencias que afectan directamente al uso del dominio público marítimo-terrestre: seguirá fijando los cánones que deben abonar las concesiones, así como la potestad sancionadora en los casos en los que no intervenga la comunidad autónoma. También se reserva la capacidad de rescatar concesiones en caso de interés general, como podría ser una obra pública o una actuación ambiental de emergencia.
El acuerdo también establece mecanismos de cooperación entre ambas administraciones en materia de infraestructuras, puertos, transporte o planificación territorial, algo que podría ser crucial para evitar conflictos o duplicidades, especialmente en proyectos de gran impacto.
Un paso que va más allá de la política
Aunque el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, calificó el acuerdo de “histórico” y agradeció el “amplio consenso político” que lo ha hecho posible, lo cierto es que la relevancia del traspaso trasciende el discurso institucional. El propio tejido productivo vinculado al mar llevaba años pidiendo una gestión más cercana y adaptada a las singularidades gallegas. Con más de 4.000 edificaciones en la franja costera, muchas de ellas vinculadas a empresas del complejo mar-industria —como lonjas, conserveras, depuradoras, astilleros o instalaciones acuícolas—, la seguridad jurídica se había convertido en una demanda prioritaria para garantizar la viabilidad de inversiones y empleos en el litoral.
La nueva Ley gallega de ordenación y gestión integrada del litoral (Ley 4/2023), que entrará plenamente en funcionamiento con este traspaso, será la herramienta para ejercer estas nuevas competencias. El texto legal recoge principios de sostenibilidad, transparencia y adaptación territorial, y permitirá a Galicia regular con criterios propios el equilibrio entre actividad económica y conservación de los ecosistemas litorales.
Galicia se suma al modelo descentralizado de costas
Este modelo de descentralización no es nuevo. Cataluña fue la primera comunidad en obtener la competencia en gestión del litoral, y su ejemplo ha servido de base para posteriores traspasos en Baleares, Andalucía, Canarias o el País Vasco. Galicia se convierte ahora en la sexta comunidad con estas atribuciones. Según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la transferencia gallega “se hace en condiciones idénticas” a las ya establecidas para otras autonomías, lo que refuerza la equidad dentro del marco constitucional del Estado de las autonomías.
Desde el punto de vista técnico y jurídico, el reto será ahora asegurar una transición fluida, evitar duplicidades y garantizar que los equipos y medios necesarios —personal, recursos tecnológicos, competencias técnicas— lleguen a tiempo para ejercer con eficacia esta nueva responsabilidad. Aunque no se ha hecho público el número exacto de trabajadores transferidos o los recursos presupuestarios asignados, fuentes del Ministerio señalan que la transferencia incluye medios materiales y humanos para su ejecución.
Implicaciones y desafíos
Esta nueva etapa abre una oportunidad para repensar el modelo de desarrollo costero en Galicia. La presión urbanística, los efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad marina o la saturación turística en ciertas zonas exigen enfoques específicos y ágiles. Al tener capacidad legislativa y ejecutiva directa sobre su litoral, Galicia podrá definir sus propias prioridades y responder con mayor rapidez a los desafíos del territorio.
Sin embargo, los especialistas advierten que la gestión integrada del litoral no será tarea fácil. Exige coordinación interdepartamental, un conocimiento profundo del territorio y participación activa de las comunidades locales. La transparencia en los procedimientos, el uso de datos abiertos y la evaluación ambiental estratégica serán claves para que esta transferencia no se convierta en una simple cesión administrativa, sino en un verdadero instrumento de planificación inteligente.
En resumen, Galicia asume desde el 1 de julio una de las competencias más simbólicas y estructurales de su identidad geográfica y económica. La gestión de sus costas deja de estar en manos del Estado central para pasar a un modelo propio, basado en la cercanía, la adaptación normativa y la integración territorial. Un paso hacia el mar, pero también hacia una mayor capacidad de decidir cómo, para qué y para quién se ordena el territorio costero gallego.
Una oportunidad, sí. Pero también una gran responsabilidad.