Galicia defenderá ante el Tribunal Constitucional que tiene competencias plenas para ordenar su litoral

  • La Xunta velará por los intereses de las empresas y ciudadanos con instalaciones en la línea de costa frente a un Gobierno central que obvió cuestiones del informe del Consejo de Estado que chocaban con su objetivo de eliminar todo vestigio humano del litoral
  • Ángeles Vázquez asegura que el recurso contra la ley gallega es más político que jurídico y lamenta el oscurantismo con el que actuó el Ejecutivo estatal para hurtar el derecho de la comunidad a defenderse al dar poco tiempo para presentar alegaciones
  • El Ejecutivo gallego recuerda que el Estado pretende exigir a la comunidad una modificación del estatuto para el traspaso de los medios personales y materiales de gestión del litoral, algo que no exige al País Vasco a pesar de que sus estatutos son idénticos
  • Alfonso Villares ve en el recurso del Estado un agravio comparativo más en contra de Galicia que se añade a la negativa a bajar el IVA de los productos del mar o la que siga sin desbloquear el ansiado Perte para la industria transformadora

La Xunta de Galicia está trabajando intensamente en la preparación de los alegaciones al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia con el objetivo de clarificar que la comunidad es plenamente competente para ordenar su territorio, incluido el costero, y defender la validez de la normativa autonómica.

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, mantuvieron un encuentro con alcaldes y representantes municipales de A Mariña lucense en el que analizaron la estrategia gallega para hacer frente al recurso estatal contra la norma autonómica.

Los representantes de la Xunta recordaron que el dictamen del Consello Consultivo de Galicia avala la potestad de la comunidad para legislar en este ámbito e incidieron en que el informe del Consejo de Estado, en el que se basa el recurso de inconstitucionalidad, reconoce que puede haber instalaciones del complejo mar-industria en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, en contra de lo alegado en todo momento por el Gobierno central. 

Ese dictamen también avala el objetivo de la regulación autonómica de los usos posibles en el litoral para armonizar los intereses de la economía con la protección del medio ambiente. Por eso, Ángeles Vázquez lamentó que el Ejecutivo estatal obvió aquellas cuestiones del informe del Consejo de Estado que chocaban con su objetivo de eliminar todo vestigio humano del litoral. “Este recurso tiene mucho de político y muy poco de jurídico”, aseveró la vicepresidenta segunda.

En esta línea, aseguró que Galicia va a defender en todas las instancias los intereses tanto de las empresas como de las entidades y ciudadanos que tienen instalaciones asentadas en la línea de costa -para darles seguridad jurídica- y que el Gobierno central pretende sacar de su localización actual sin ningún motivo que lo justifique. 

La vicepresidenta segunda lamentó que el recurso del Ejecutivo estatal contra la norma gallega es totalmente arbitrario, como demuestra el hecho de que a Galicia se le pretenda exigir una reforma del Estatuto de Autonomía para ceder los medios personales y materiales para la gestión del litoral mientras que al País Vasco -fruto del acuerdo de investidura entre el PSOE y el PNV- se los va a entregar sin esa modificación, a pesar de que los estatutos de las dos comunidades son idénticos.  

A mayores, Ángeles Vázquez criticó el oscurantismo con el que actuó el Gobierno central, que descartó la posibilidad de celebrar una comisión bilateral para resolver las discrepancias entre las dos administraciones sobre la ley y apostó directamente por recurrir al Tribunal Constitucional. 

Esa manera de proceder limita las posibilidades de defensa de Galicia pues sólo cuenta con un plazo de 23 días hábiles para presentar sus alegatos al recurso, una vez superados atrancos como el desconocimiento de los argumentos recogidos por el dictamen del Consejo de Estado en el que se basa el recurso.   

Perjuicios por la parálisis

Este recurso, recordaron los representantes del Ejecutivo gallego, supone un gran perjuicio tanto para el tejido productivo del litoral como para los ayuntamientos al quedar paralizadas todas las solicitudes recibidas desde la aprobación de la ley para poner en marcha servicios básicos y esenciales en el dominio público marítimo-terrestre. Esa parálisis, además de dejar a los municipios sumidos en la incertidumbre, también supone una paulatina pérdida de oportunidades de desarrollo.

En esa línea, Ángeles Vázquez contrapuso la regulación del litoral desde una perspectiva integrada -social, económica y ambiental- por la que apuesta la Xunta con la estrategia que está desarrollando el Gobierno central para eliminar cualquier tipo de presencia humana y económica de la costa. 

El conselleiro do Mar, por su parte, reiteró que “no tiene pies ni cabeza” que se le entregue la otras comunidades lo que se le niega a Galicia, produciéndose un nuevo agravio comparativo para la comunidad autónoma y los sectores productivos gallegos.   

Esta nueva afrenta, aseguró Alfonso Villares, se añade a hechos inexplicables como que el Gobierno central insista en lastrar el consumo de los productos de la pesca, la acuicultura o la conserva al negarse a bajarles el IVA o que siga engañando al conjunto de la cadena mar-industria pues, a pesar de las promesas, sigue sin acceder a las ayudas de recuperación establecidas en los Perte y que sí tienen disponibles otras actividades estratégicas.

Preservar el futuro

El titular de Mar señaló que parece que la intención del recientemente invertido presidente del Gobierno es evitar que Galicia defienda sus sectores productivos esenciales, como es el marítimo-pesquero, frente a agentes económicos foráneos que pueden pretender explotar su costa. La norma gallega, dijo, sitúa a las gentes del mar como esenciales y busca el equilibrio entre el respeto ambiental, la economía y la sociedad con el fin preservar el futuro de las comunidades costeras evitando que sus habitantes se conviertan en ciudadanos de segunda. 

Alfonso Villares incidió en que la ley gallega se tramitó con el máximo consenso y fue aprobada sin ningún voto en contra en el Parlamento. El rigor jurídico con el que se elaboró, añadió, fue máximo, por lo que instó al Ejecutivo central a dar un paso atrás, retirar su recurso y permitir que sea Galicia quien pilote el desarrollo sostenible de su territorio costero.