- El gobierno gallego insiste en acuerdos con el Estado para mejorar la coordinación y regulación de su servicio de Gardacostas, clave en la vigilancia y salvamento marítimo.
Galicia ha vuelto a insistir en la necesidad de una regulación estable y eficiente para el servicio de Gardacostas, pieza fundamental en la vigilancia y seguridad de sus aguas. En una reunión clave en A Coruña, el conselleiro del Mar, Alfonso Villares, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, pusieron sobre la mesa la urgencia de un convenio de colaboración que permita a Galicia contar con el respaldo y la coordinación del Estado en tareas de control e inspección de la actividad pesquera. Este tipo de acuerdos, además de optimizar recursos, responde a la creciente necesidad de cooperación entre administraciones para enfrentar los desafíos de la vigilancia marítima y el salvamento.
Uno de los puntos críticos discutidos fue la falta de medios aéreos y marítimos del Estado para realizar un control efectivo en las aguas gallegas, un área que la Xunta considera esencial reforzar a través de un convenio específico. A pesar de que el Gobierno central se comprometió en 2023 a facilitar un borrador de convenio que regulara la colaboración en estas áreas, Galicia aún está esperando el documento que podría definir aspectos tan importantes como los requisitos de titulación para la tripulación de los buques del servicio de Gardacostas.
Además, Villares aprovechó el encuentro para reivindicar un convenio actualizado en el ámbito del salvamento marítimo, uno de los servicios en los que la Xunta ha invertido esfuerzos, pero que sigue siendo limitado sin un apoyo firme del Estado. La propuesta, que busca un aporte estatal de 10 millones de euros, incluiría una regulación específica para los procedimientos de inspección y despacho de embarcaciones, así como en las titulaciones profesionales de los tripulantes, aspectos en los que la normativa actual no ofrece una solución adaptada a la realidad gallega.
Otro de los temas abordados fue la necesidad de flexibilizar los requisitos de embarque, una demanda basada en la aplicación del artículo 3.2 de la Orden de 2000 que regula el despacho de buques. La Xunta pide que esta normativa no se aplique a los buques de Gardacostas, permitiendo una mayor facilidad en la incorporación de tripulantes. Esta medida, según argumenta la Consellería, no solo permitiría cubrir las necesidades operativas de los servicios de inspección, sino que también agilizaría la contratación de nuevos profesionales en un sector que requiere personal cualificado y con experiencia.
En definitiva, la Xunta continúa defendiendo un modelo de colaboración que optimice recursos y aproveche las capacidades de cada administración para ofrecer una vigilancia marítima eficaz y segura. La esperanza es que esta vez las propuestas gallegas encuentren un respaldo real y práctico desde el Gobierno central, para que la vigilancia y seguridad en las aguas de Galicia esté a la altura de los desafíos actuales.