- La Xunta y el sector pesquero gallego analizan vías legales y políticas tras la sentencia europea que avala el veto al palangre demersal en 87 zonas del Atlántico.
Galicia busca alternativas al veto europeo al palangre de fondo
El sector pesquero gallego, con apoyo de la Xunta, explora nuevas vías frente a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que respalda el veto comunitario a la pesca de fondo en 87 áreas del Atlántico nororiental. Un golpe directo a cerca de 200 embarcaciones gallegas y, de forma indirecta, a otras casi mil dedicadas a artes menores. La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha confirmado que el gobierno gallego trabaja en varios frentes para defender la viabilidad de una flota estratégica para Galicia.
Un fallo judicial que pone en jaque a la flota gallega
El pasado 11 de junio, el Tribunal General de Justicia de la UE avaló el polémico reglamento de 2022 impulsado por el excomisario Virginijus Sinkevičius, que establece un veto a la pesca de fondo en determinadas zonas sensibles del Atlántico nororiental. La medida, criticada desde su publicación por no contar con base científica suficiente y obviar los factores socioeconómicos —como exige la Política Pesquera Común—, se traduce ahora en un nuevo escenario jurídico que condiciona el futuro de una parte importante de la flota gallega.
Según datos del propio sector, al menos un 25% de la flota se ve afectada, incluyendo palangreros, arrastreros y otras embarcaciones que faenan en esas áreas de alto valor pesquero.
Reunión con el sector y petición de diálogo en Bruselas
Tras una primera lectura jurídica de la sentencia, Villaverde se reunió con la Organización de Productores Pesqueros de Burela (OPP-7), una de las más directamente afectadas. En el encuentro, la Xunta reiteró su apoyo a las 16 empresas armadoras gallegas que participaron en el proceso judicial como parte recurrente, aportando informes técnicos para desmontar los argumentos que sustentan el veto.
El Gobierno gallego ha solicitado una nueva reunión con el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, para abordar el impacto real de la sentencia y trasladar una batería de propuestas elaboradas junto al sector. El objetivo: encontrar una vía política que permita suavizar o revertir parcialmente las restricciones impuestas, especialmente en las zonas menos sensibles desde el punto de vista ecológico.
Coordinación institucional con el Ministerio de Pesca
De forma paralela, la conselleira ha solicitado una reunión urgente con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para establecer una estrategia común frente al veto. La Xunta insiste en que cualquier solución viable pasa por una acción coordinada entre administraciones, siempre en contacto directo con las cofradías y organizaciones de productores.
El papel del Ministerio es clave como interlocutor directo ante las instituciones comunitarias y como promotor de cambios en la legislación estatal que podrían aliviar los efectos del reglamento europeo.
¿Recurrir la sentencia? Una vía aún abierta
Aunque el fallo del Tribunal General no permite suspender de inmediato las restricciones, la Xunta no descarta interponer un recurso ante instancias superiores. Mientras tanto, se trabaja en todas las opciones legales y administrativas para proteger a un sector que no solo genera empleo y riqueza en las zonas costeras, sino que también contribuye de forma decisiva a la soberanía alimentaria europea.
Un conflicto entre conservación y economía marítima
El caso del palangre demersal ilustra uno de los grandes dilemas que enfrenta la política pesquera europea: cómo equilibrar la conservación de los ecosistemas marinos con la sostenibilidad económica y social de las comunidades pesqueras. El sector gallego, con décadas de experiencia y sistemas de control avanzados, reclama medidas más proporcionadas, basadas en evidencia y adaptadas a la realidad de cada caladero.
Para Galicia, donde la pesca sigue siendo un pilar económico, las decisiones que se tomen en Bruselas tienen consecuencias directas en el mar y en tierra. Por eso, la batalla legal y política por el palangre es mucho más que un pulso normativo: es una defensa activa del futuro del mar gallego.