El Talaso de Oia ante una batalla por la legalización y la preservación del paisaje costero

  • El futuro del complejo depende en gran medida de la aprobación y ejecución exitosa del plan de legalización, así como de la resolución de otros desafíos legales y administrativos que enfrenta.

El auto judicial emitido por el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Pontevedra ha desencadenado una serie de medidas y plazos significativos en relación con el complejo hotelero Talaso de Oia, ubicado en una zona de interés paisajístico. El juez ha impuesto una fianza de 217.000 euros a los responsables del complejo para cubrir posibles daños al paisaje causados por su actividad, con la condición de que esta cantidad se retendrá hasta la aprobación de un plan de legalización. Este plan, crucial para el futuro del complejo, incluye el derribo de instalaciones residenciales que se encuentran dentro de la zona de servidumbre de protección y son consideradas ilegales según la normativa urbanística.

El plazo otorgado al Concello para aprobar este plan especial de infraestructuras es de un año, durante el cual se espera que se realicen progresos significativos en la tramitación del mismo. En caso de que el plan sea aprobado dentro de este período, la fianza será devuelta a la empresa para financiar la demolición de las estructuras ilegales. Sin embargo, si el plan no se aprueba en el tiempo estipulado, el Concello tendrá la responsabilidad de exigir a la empresa que proceda al derribo del complejo en su totalidad.

La empresa Balneario del Atlántico tiene un plazo de dos meses para abonar la fianza impuesta por el juez. En caso de incumplimiento, se enfrenta a la posibilidad de un cierre provisional o total de su actividad, lo que podría tener graves consecuencias para su funcionamiento. Los 217.000 euros requeridos como fianza están destinados a cubrir los costos estimados de demolición y posterior adaptación al uso de talasoterapia, una actividad central en el complejo.

Además de las medidas impuestas a la empresa, el auto judicial también establece obligaciones para la alcaldesa de Oia y la Xunta de Galicia. La alcaldesa está personalmente requerida para informar al juzgado sobre el cronograma de cumplimiento del plan de infraestructuras, con multas coercitivas en caso de incumplimiento. También se le exige informar periódicamente sobre los avances en la tramitación del plan y en el cumplimiento de las órdenes de demolición o adecuación a la normativa urbanística.

Por otro lado, la Xunta de Galicia ha sido obligada por el juez a adoptar medidas para obtener informes sobre los diversos usos implantados en el Talaso de Oia, con el objetivo de identificar posibles deficiencias o incumplimientos de la normativa vigente. Estos informes son cruciales para evaluar la legalidad de las actividades desarrolladas en el complejo y tomar las medidas necesarias para su corrección. El plazo otorgado a la Xunta para obtener estos informes es de dos meses, con la posibilidad de imponer multas coercitivas en caso de demora.

El futuro del Talaso de Oia depende en gran medida de la aprobación y ejecución exitosa del plan de legalización. Sin embargo, este plan enfrenta desafíos significativos, ya que actualmente no cumple con los requisitos establecidos, especialmente en lo que respecta a la eliminación de elementos residenciales. El juez ha señalado que el plan parece buscar una “legalización encubierta” de la zona residencial, lo que sugiere la necesidad de modificaciones sustanciales para cumplir con la normativa urbanística.

El complejo también enfrenta desafíos adicionales relacionados con la caducidad de la concesión para ocupar el espacio costero y la necesidad de desmantelar instalaciones de captación de agua del mar. Estos problemas añaden presión adicional a los propietarios del negocio, quienes deben demostrar la legalidad de las instalaciones para evitar el cierre del complejo.

En resumen, el auto judicial emitido por el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Pontevedra ha establecido plazos y medidas significativas en relación con el complejo hotelero Talaso de Oia, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y la protección del paisaje. El futuro del complejo depende en gran medida de la aprobación y ejecución exitosa del plan de legalización, así como de la resolución de otros desafíos legales y administrativos que enfrenta.