- El Senado reclama al Gobierno firmeza ante Bruselas para evitar la ampliación de las zonas de veda en el Atlántico nororiental, que amenaza a la pesca sostenible.
El debate sobre la gestión del Atlántico nororiental ha vuelto a encender las alarmas en el sector pesquero español. El Senado ha aprobado una moción impulsada por el portavoz de Pesca del Grupo Popular, Manuel Ruiz, que insta al Gobierno a actuar “con firmeza y rigor” frente a la Comisión Europea para frenar la ampliación de las zonas de veda que afectan a la pesca de fondo.
Actualmente existen 87 áreas restringidas, pero Bruselas pretende elevarlas a 104, e incluso a 115 en algunos escenarios. Una medida que, según el sector y buena parte del arco parlamentario, pone en jaque a miles de empleos y a comunidades costeras enteras, especialmente en Galicia, Cantabria o Andalucía.
Artes sostenibles bajo amenaza
La propuesta comunitaria afecta de lleno a flotas que operan con artes selectivas y de bajo impacto, como el palangre de fondo tipo piedra-bola, una de las modalidades más sostenibles reconocidas por los propios organismos científicos.
“Es incomprensible que se penalice una técnica que precisamente contribuye a preservar los ecosistemas marinos”, apuntan desde las cofradías gallegas consultadas por Costa Oeste. “No estamos en contra de proteger el mar, pero sí de hacerlo sin base científica ni diálogo con quienes vivimos de él”.
Una moción con seis frentes
El texto aprobado en la Cámara Alta incluye seis medidas concretas que buscan reorientar la posición de España ante Bruselas. Entre ellas destacan:
- Refuerzo diplomático y político en la UE para frenar la ampliación de vedas.
- Presentación de informes científicos y socioeconómicos que avalen la viabilidad de la pesca de fondo selectiva.
- Coordinación con otros Estados miembros para construir una postura común en el Consejo de Ministros de Pesca.
- Participación directa del sector y de las autonomías en el diseño de la estrategia nacional.
- Defensa del reconocimiento específico de las artes sostenibles frente a las móviles.
- Colaboración científica activa con ICES y el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (STECF).
- Un conflicto que viene de lejos
El origen de la polémica se remonta a septiembre de 2022, cuando la Comisión Europea aprobó el Reglamento (UE) 2022/1614 que establecía las actuales 87 zonas de veda. Aquel movimiento, adoptado —según denunció el sector— sin una evaluación científica ni socioeconómica completa, supuso un duro golpe para las flotas españolas de arrastre y palangre.
Pese al recurso presentado por el Gobierno, el Tribunal General de la UE dio la razón a Bruselas en junio de 2025, reforzando una normativa que muchos califican de “arbitraria”. Mientras se tramita el recurso de casación, la Comisión ya trabaja en una nueva ampliación que podría dejar fuera de faena a parte importante de la flota gallega.
“España ha perdido peso en Bruselas”
Desde el sector se acusa al Ejecutivo central de “falta de liderazgo y anticipación” en la defensa de los intereses pesqueros. “España no ha sabido construir alianzas ni aportar evidencias sólidas que demuestren el bajo impacto de nuestras artes tradicionales”, subrayan fuentes del propio Senado.
Para Manuel Ruiz, el escenario actual “demuestra que España ha perdido influencia y credibilidad en Bruselas”. Reclama por ello una respuesta contundente, basada en datos y cooperación internacional, que evite que la pesca de fondo sea utilizada “como chivo expiatorio de la política medioambiental europea”.
Una llamada urgente al equilibrio
En un contexto en el que la sostenibilidad es innegociable, el desafío pasa por compatibilizar la protección ambiental con la viabilidad económica y social de las comunidades costeras. El Senado ha puesto sobre la mesa una oportunidad para reabrir el debate con argumentos científicos y técnicos, no ideológicos.
El mar, recuerdan los pescadores, no se defiende prohibiendo sin escuchar, sino gestionando con conocimiento, responsabilidad y equilibrio.