- La modificación del Real Decreto 502/2022 busca equilibrar la sostenibilidad pesquera y la competitividad de la flota española frente a terceros países, protegiendo el sector.
El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación del Real Decreto 502/2022 que regula la actividad pesquera en los caladeros nacionales y aguas internacionales, alineándose con la Ley de Pesca Sostenible de 2023. Este cambio tiene como objetivo asegurar una gestión más sostenible de los recursos pesqueros, protegiendo a la flota española y, en especial, a Galicia, una región con fuerte tradición en el sector.
Este ajuste normativo es crucial para la comunidad pesquera gallega, que opera tanto en el Atlántico como en el Índico. Las nuevas medidas, que incluyen la asignación de cuotas individuales para especies como el atún patudo y la tintorera, permitirán evitar la sobreexplotación de recursos pesqueros clave, garantizando su preservación. Además, la normativa prorroga hasta 2026 la excepción temporal de descanso semanal para la flota de rasco en el Cantábrico y Noroeste, lo que ofrece a los pescadores gallegos un margen necesario para ajustar su actividad y mantener su viabilidad económica.
Gestión de cuotas y competencia internacional
El decreto también refuerza la gestión de las cuotas pesqueras, asignando de manera más eficiente los recursos disponibles y respondiendo a las decisiones adoptadas por organismos internacionales como la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (ICCAT). Esta iniciativa beneficiará a la flota de atuneros y palangreros gallegos, permitiendo una mayor competitividad frente a terceros países, cuyas regulaciones ambientales son menos estrictas.
El nuevo marco regula además una reserva de cuotas para enfrentar imprevistos, como el agotamiento de stocks o la paralización de flotas, una medida que, aunque controvertida, busca asegurar la sostenibilidad de los recursos y cumplir con los compromisos internacionales en materia pesquera.
En resumen, esta modificación legislativa representa un paso importante para fortalecer la pesca sostenible en España, proteger a la flota gallega y garantizar la competitividad de la industria pesquera en un entorno internacional cada vez más exigente.