- La aplicación del Reglamento UE 2023/2842 amenaza a la pesca artesanal por la falta de planificación, medios técnicos y apoyo al sector.
Un salto digital que llega sin red de seguridad
El 10 de enero de 2026 marcará un punto de inflexión para la pesca europea. Ese día será plenamente exigible el Reglamento (UE) 2023/2842, que reforma de forma profunda el sistema de control de la Política Pesquera Común e introduce nuevas obligaciones de seguimiento, notificación electrónica, localización y trazabilidad digital.
El objetivo es reforzar el control y la sostenibilidad de los recursos marinos. Sin embargo, en España la norma llega con una preocupación creciente: a pocas semanas de su aplicación total, no existe un plan operativo público que garantice que el sector pueda adaptarse en condiciones reales de viabilidad.
La pesca artesanal, ante un reto difícil de asumir
La situación es especialmente delicada para la pesca costera artesanal, donde una parte importante de la flota carece de conectividad estable, equipamiento electrónico homologado o formación suficiente para afrontar una digitalización obligatoria y acelerada.
La ausencia de planificación y acompañamiento técnico puede derivar en un escenario de inseguridad jurídica, con embarcaciones expuestas a sanciones no por mala praxis, sino por imposibilidad material de cumplimiento. Un riesgo que afecta directamente a la continuidad de la actividad y al equilibrio socioeconómico de muchas comunidades pesqueras.
La voz del sector en el Senado
En el vídeo que acompaña a este artículo, el senador Manolo Ruiz, portavoz de Mar del Partido Popular en el Senado, alerta del impacto que puede tener la aplicación del reglamento si no se corrige el actual retraso administrativo.
Ruiz subraya que el problema no es el control en sí, sino la falta de tiempo, medios y planificación, especialmente en el caso de la flota de pequeña escala. A su juicio, aplicar la normativa sin una fase transitoria realista puede provocar sanciones injustas, colapso administrativo y pérdida de actividad en el litoral.
Manolo Ruiz, portavoz de Mar en el Senado
ERS, trazabilidad y desembarques: los puntos más sensibles
Entre los aspectos que más inquietan al sector destacan varios elementos clave del nuevo reglamento:
Diario electrónico de a bordo (ERS)
Será obligatorio para todos los buques de 12 metros o más, y se extenderá de forma progresiva a los menores. La normativa permite retrasar su implantación hasta 2028 si se justifica la falta de dispositivos adecuados, una posibilidad aún no clarificada en España.
Registro electrónico de capturas
El logbook digital será obligatorio para buques mayores de 12 metros y podría extenderse a los menores si el Estado considera que existen medios técnicos suficientes.
Notificación previa de entrada en puerto
Incluye preavisos de entre una y cuatro horas, según la pesquería y el puerto, una exigencia compleja para mareas cortas y descargas imprevisibles habituales en la pesca artesanal.
Declaración electrónica de desembarque
Una obligación que plantea dificultades prácticas en puertos pequeños y zonas con baja cobertura digital.
Trazabilidad digital y pesaje obligatorio
La exigencia de información digital desde la captura hasta el consumidor final y el pesaje previo a la primera venta añaden presión sobre lonjas, cofradías y embarcaciones sin infraestructura tecnológica suficiente.
Impacto en la pesca recreativa y en el comercio exterior
El reglamento también refuerza el control sobre la pesca recreativa en especies sujetas a TAC o con obligación de desembarque, como el atún rojo, el pez espada o los túnidos tropicales, una cuestión sensible en muchas comunidades costeras.
En el ámbito comercial, se consolida el uso obligatorio del sistema CATCH, la certificación digital contra la pesca ilegal, que afecta a importaciones, exportaciones y reexportaciones de productos pesqueros y que exige un mayor conocimiento por parte de los operadores.
Un periodo de adaptación, clave para no romper el sector
Desde el sector se insiste en que la digitalización del control pesquero es necesaria y positiva, pero solo será eficaz si se adapta a la realidad de la flota.
Como advierte Manolo Ruiz, sin ayudas para equipamiento, formación y asistencia técnica, y sin un periodo transitorio que evite sanciones por causas administrativas, el Reglamento (UE) 2023/2842 corre el riesgo de convertirse en una barrera más para