- El CESE pide 6.100 millones para garantizar la Política Pesquera Común 2028-2034 y la modernización sostenible de la flota europea.
La política pesquera europea vuelve al centro del debate presupuestario en Bruselas. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha alzado la voz para reclamar una financiación acorde con el peso estratégico del sector: 6.100 millones de euros para aplicar la Política Pesquera Común (PPC) en el periodo 2028-2034. La cifra contrasta con los 2.000 millones propuestos por la Comisión Europea, una diferencia que, según el órgano consultivo, pone en riesgo la estabilidad económica, social y ambiental de la pesca comunitaria.
El dictamen aprobado por amplia mayoría
El Pleno del CESE aprobó el dictamen el 21 de enero de 2026 con un respaldo contundente: 240 votos a favor, 2 en contra y 8 abstenciones.
El texto fue presentado por Javier Garat, secretario general de Cepesca, como ponente único.
El dictamen insta a las instituciones comunitarias a garantizar una dotación mínima y obligatoria de 6.100 millones de euros para la PPC durante el próximo marco financiero plurianual (2028-2034), una cifra equivalente al presupuesto del periodo actual (2021-2027).
Una competencia exclusiva que necesita presupuesto propio
Uno de los ejes centrales del posicionamiento del CESE es que la pesca es una de las pocas competencias exclusivas de la Unión Europea, lo que, a su juicio, justifica que cuente con:
• Un capítulo presupuestario propio
• Seguridad jurídica para los profesionales del mar
• Estabilidad financiera a medio y largo plazo
El Comité advierte de que integrar la financiación pesquera dentro de un nuevo Fondo de Colaboración Nacional y Regional podría diluir los recursos y obligar al sector a competir con otras prioridades políticas y territoriales.
“La PPC no puede quedar subordinada a otros intereses presupuestarios. Es una política común con obligaciones comunes y debe tener financiación común”, subraya el dictamen.
Modernización de la flota sin aumentar capacidad
Otro punto clave del documento es la renovación y modernización de la flota europea, una demanda histórica del sector que vuelve a ganar fuerza en el actual contexto de transición energética y digital.
El CESE considera indispensable que los Estados miembros desarrollen planes nacionales de modernización orientados a:
• Mejorar la eficiencia energética de los buques
• Reducir emisiones y consumo de combustible
• Reforzar la seguridad a bordo
• Dignificar las condiciones laborales
• Aumentar la habitabilidad y ergonomía
Todo ello, insiste el Comité, sin incrementar la capacidad pesquera, respetando los límites biológicos y el principio de sostenibilidad que rige la PPC.
Impacto económico y social para el sector marítimo
La diferencia entre los 2.000 millones propuestos por la Comisión y los 6.100 millones reclamados por el CESE no es solo una cuestión contable. Para el sector, se traduce en:
• Menor capacidad para invertir en renovación de buques
• Riesgo de paralización de proyectos de descarbonización
• Pérdida de competitividad frente a flotas de terceros países
• Dificultades para atraer jóvenes profesionales
• Mayor vulnerabilidad de las comunidades costeras
El CESE alerta de que una financiación insuficiente comprometería la viabilidad de miles de empresas pesqueras y pondría en peligro el empleo directo e indirecto en puertos, lonjas, astilleros y cadenas de valor asociadas.
Galicia, en primera línea del debate
Galicia, principal región pesquera de España y una de las más relevantes de Europa, observa este debate con especial atención. La flota gallega, caracterizada por su diversidad (bajura, litoral, gran altura y artes menores), depende en gran medida de:
• Programas de renovación y adaptación tecnológica
• Ayudas para eficiencia energética
• Medidas de apoyo ante cierres de pesquerías y restricciones de esfuerzo
• Inversiones en seguridad marítima
Una reducción drástica del presupuesto de la PPC afectaría directamente a la capacidad de la flota gallega para adaptarse a los nuevos requisitos ambientales y normativos, agravando además el problema del relevo generacional en el sector.
Una llamada política con mensaje claro
El dictamen del CESE no tiene carácter vinculante, pero sí un peso político y simbólico relevante. Representa el consenso de empleadores, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil en torno a una idea central: la pesca europea necesita estabilidad financiera para ser sostenible.
Javier Garat ha insistido en que no se trata de aumentar el gasto por aumentar, sino de mantener un nivel mínimo de inversión que permita cumplir los objetivos de la PPC sin asfixiar al sector productivo.
La petición de 6.100 millones de euros para la Política Pesquera Común 2028-2034 marca un punto de inflexión en el debate presupuestario europeo. Frente a una propuesta de la Comisión considerada insuficiente, el CESE reclama coherencia entre los objetivos políticos de sostenibilidad, seguridad alimentaria y transición energética, y los recursos económicos asignados para hacerlos realidad.
Para regiones como Galicia y para miles de profesionales del mar en toda Europa, el resultado de esta negociación no será una cifra abstracta, sino un factor decisivo para su futuro económico, social y laboral.