- Tribulaciones en alta mar: Confesiones y contradicciones en el juicio por contrabando de cocaína
El capitán del MV Karar, el buque remolcador intervenido en abril de 2020 con 3.824 kilos de cocaína, confesó en el juicio su conocimiento previo sobre el transporte de drogas desde Panamá, admitiendo que el gallego a bordo le proporcionó las coordenadas para la entrega, aproximadamente a 350 millas náuticas de Vigo. Alim U., enfrentando una posible condena de 13 años y medio, reveló que el alijo fue recibido en alta mar, a unas 100 millas de Colombia, donde se cargaron los fardos con una grúa en el barco. Aunque inicialmente atribuyó las coordenadas al gallego José Manuel B.G., otro tripulante declaró que fueron proporcionadas por un hombre de Bangladés con permiso de residencia en Panamá, de donde zarpó el remolcador.
Durante el juicio, se detalló que la droga fue cargada mientras el capitán se encontraba en su cabina, a unos 100 kilómetros de Colombia, el 5 de abril. El gallego a bordo supervisó el conteo de los fardos, aunque hubo discrepancias en el recuento oficial. Alim afirmó que recibían órdenes de una persona en Panamá a través de un teléfono satelital, y que José Manuel B.G. conocía la ubicación de la entrega, anotada en la carta de navegación del buque. La defensa de Juan Carlos Santórum, el principal acusado, señaló contradicciones entre sus declaraciones previas y las del juicio, donde admitió su conocimiento sobre la droga y su destino.
El capitán negó las acusaciones de amenazas por parte del tripulante gallego durante la travesía hacia Galicia. Sin embargo, su deseo de salir de prisión generó reacciones de incredulidad entre los acusados gallegos en la sala, lo que llevó a la presidenta a reprender su comportamiento. Otras declaraciones de tripulantes corroboraron la versión de Alim, señalando a un hombre de Bangladés residente en Colombia como el responsable de coordinar el encuentro entre el barco y las embarcaciones del alijo.
Por último, se admitió como evidencia documental imágenes de la nave registrada y del buque con la cocaína, a pesar de la objeción de la defensa de Santórum y otros acusados. Esta evidencia, proporcionada por el fiscal cuatro años después de los hechos, generó controversia por su falta de identificación de las personas involucradas y su presunta falta de seguridad jurídica.