- La propuesta de ampliar el contingente de atún divide al sector: ¿oportunidad para la industria conservera o amenaza para la pesca sostenible de Ecuador?
El aumento de los contingentes arancelarios autónomos (CAA) de lomos de atún en la Unión Europea ha generado un intenso debate entre los representantes de la industria conservera española y el sector pesquero ecuatoriano, poniendo sobre la mesa temas cruciales como la sostenibilidad, la competencia justa y el compromiso con el comercio responsable.
La postura de la industria conservera española
Anfaco-Cecopesca, organización que representa a las principales empresas conserveras de España, ha calificado de insuficientes los 35.000 toneladas de lomos de atún libres de aranceles asignados actualmente por la Unión Europea. Según el sector, esta cantidad se agota rápidamente debido a la alta demanda de la industria, lo que obliga a las empresas a pagar un arancel del 8,04% por las importaciones adicionales. Este sobrecoste encarece la producción, compromete la competitividad de las conservas en el mercado internacional y amenaza la viabilidad económica de muchas empresas.
Por ello, Anfaco ha solicitado un aumento del contingente hasta 55.000 toneladas, una medida que consideran necesaria para garantizar el abastecimiento de materias primas y la estabilidad del sector conservero, clave para el empleo en regiones como Galicia. Según la patronal, esta ampliación no solo beneficiaría a la industria europea, sino que también fortalecería la capacidad de respuesta ante una demanda creciente en los mercados internacionales.
El rechazo del sector pesquero ecuatoriano
Desde Ecuador, la Cámara Nacional de Pesquería (CNP) ha expresado un rotundo rechazo a esta propuesta. Su presidente, Bruno Leone, considera “inaceptable” el aumento de los contingentes, argumentando que permitiría la entrada al mercado europeo de productos provenientes de flotas que no cumplen con estándares de sostenibilidad ambiental ni garantizan condiciones laborales dignas.
Ecuador, uno de los principales exportadores de atún a la UE, se ha esforzado por consolidarse como un modelo de pesca sostenible. Su flota atunera opera bajo estrictos estándares internacionales, incluyendo el sello MSC, y ha realizado importantes inversiones para proteger la biodiversidad marina y garantizar los derechos laborales de los trabajadores del mar. Según Leone, aceptar productos de origen incierto desincentivaría estos esfuerzos y abriría la puerta a la competencia desleal.
“Con frecuencia, se reportan casos de esclavitud y violaciones de derechos humanos en flotas que operan fuera de los acuerdos internacionales”, señaló Leone. También destacó que muchas de estas flotas operan con fuertes subsidios gubernamentales que distorsionan el mercado y ponen en desventaja a los países que apuestan por prácticas responsables.
El origen de la controversia
El mecanismo de contingentes arancelarios autónomos fue implementado por la Unión Europea como una herramienta para garantizar el suministro de productos del mar sin aumentar los costos para la industria local. Sin embargo, su impacto ha sido cuestionado. Ecuador, que mantiene un acuerdo comercial con la UE, considera que el sistema actual ya es suficiente y advierte que cualquier ampliación comprometería la sostenibilidad y la transparencia en la cadena de suministro pesquero.
Por otro lado, la Comisión Europea ha señalado que el debate sobre los contingentes debe equilibrar las necesidades de la industria conservera europea con el compromiso de garantizar prácticas pesqueras sostenibles y responsables en el ámbito global.
Un dilema de sostenibilidad y comercio justo
La decisión final de la UE no solo afectará la relación comercial entre Europa y países exportadores como Ecuador, sino que también marcará un precedente en la lucha por la sostenibilidad en el comercio pesquero. Si se prioriza el aumento de contingentes, podría facilitarse el acceso de productos más baratos pero menos sostenibles al mercado europeo, lo que impactaría negativamente a los países que apuestan por prácticas responsables.
Por el contrario, mantener el sistema actual o eliminar los contingentes, como propone la CNP, enviaría un mensaje claro sobre el compromiso de la UE con la sostenibilidad y el comercio justo, aunque ello implique mayores costos para la industria conservera.
En este debate, las preguntas clave son claras: ¿Debe Europa priorizar el abastecimiento de su industria a cualquier costo? ¿Cómo garantizar que la sostenibilidad sea un pilar central del comercio internacional? La decisión, que está en manos de la Comisión Europea, determinará no solo el futuro del sector atunero, sino también el compromiso global con la protección de los recursos marinos y los derechos laborales.