- Empresario condenado por apropiarse de 60.000 euros en una compra fallida de jurel en Cervo (Lugo)
La justicia ratifica la condena por apropiación indebida
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia de dos años de prisión para un empresario catalán por apropiación indebida. El acusado se quedó con cerca de 60.000 euros procedentes de una compra de jurel que nunca se concretó, afectando a una empresa pesquera de Cervo, en la Mariña lucense.
La sentencia también incluye una multa de 2.700 euros y la obligación de indemnizar con el mismo importe al empresario afectado. Según los hechos probados, el condenado gestionaba una sociedad limitada domiciliada en Cataluña y recibió en 2017 una transferencia de 58.760 euros de una empresa cervense, destinada a la compra de 270 toneladas de jurel. Sin embargo, la transacción no llegó a realizarse y el dinero fue transferido a una cuenta a nombre de su entonces pareja, quien ha quedado absuelta al no probarse su implicación en el delito.
El trasfondo de la estafa: el juicio en Lugo
La Audiencia Provincial de Lugo ha acogido esta semana el juicio contra el empresario y su expareja. La Fiscalía sostiene que ambos desviaron el dinero a cuentas propias y nunca realizaron el pago pactado. En su defensa, el acusado afirmó que el dinero procedía de un empresario mauritano con quien había acordado transferir la cantidad a otras cuentas. Alegó desconocer el origen de la transferencia y aseguró que solo cumplió órdenes del empresario africano.
El tribunal, sin embargo, considera que no hay pruebas suficientes para sustentar esa versión y mantiene la acusación de apropiación indebida. La Fiscalía pide para ambos acusados tres años de cárcel y la devolución conjunta del dinero a la empresa perjudicada.
El fraude en el comercio de jurel: un golpe al sector pesquero gallego
Este caso pone de relieve las vulnerabilidades en el comercio de pescado a gran escala, especialmente en operaciones internacionales. El sector pesquero gallego, donde el jurel representa una de las especies más comercializadas, se enfrenta no solo a desafíos ambientales y de mercado, sino también a riesgos asociados a operaciones financieras poco claras.
El fallo judicial es un recordatorio de la necesidad de reforzar las medidas de control en transacciones comerciales, especialmente en acuerdos que impliquen grandes sumas de dinero y múltiples intermediarios. Los empresarios del sector ya han mostrado su preocupación ante la falta de garantías en contratos internacionales que, como en este caso, pueden terminar en litigios costosos y en la paralización de operaciones esenciales para el tejido económico local.
El futuro del caso: ¿último recurso ante el Supremo?
El acusado ha anunciado su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, argumentando que la valoración de la prueba fue incorrecta y que no se cumplieron los requisitos del delito de apropiación indebida. Mientras tanto, el sector pesquero gallego sigue de cerca el desenlace del caso, que ha generado malestar y preocupación en una industria ya afectada por la volatilidad de los mercados.
La comunidad pesquera exige que se refuercen las políticas de transparencia y control financiero en las operaciones comerciales, especialmente cuando están en juego cuantías significativas y la viabilidad de empresas locales.