- La pesquera Berete, junto a otras compañías del sector como Fandicosta, Atunlo, Videmar y Actemsa, refleja la profunda crisis financiera que afecta a la industria pesquera.
La empresa pesquera Berete, que en su momento logró alcanzar una facturación de 20 millones de euros, ha solicitado formalmente el concurso de acreedores, marcando así un hito en su historia empresarial. La compañía, con operaciones en más de veinte países, se enfrenta ahora a un proceso de reestructuración bajo la supervisión de un administrador judicial designado por el juzgado. Esta decisión no solo pone en evidencia las dificultades financieras que enfrenta Berete, sino que también subraya la crisis más amplia que afecta varias empresas del sector pesquero.
La industria pesquera, tradicionalmente una de las piedras angulares de la economía en diversas regiones, está atravesando un período de gran inestabilidad. El caso de Berete no es aislado; otras compañías del sector también han sufrido las consecuencias de un entorno económico cada vez más adverso. Un ejemplo significativo es el de Fandicosta, una empresa que, tras anunciar un ambicioso plan de reestructuración, se vio obligada a acogerse al preconcurso de acreedores. Esta situación llevó a la antigua dirección, encabezada por Ángel Martínez, a aceptar una oferta de compra por parte de Wofco, una empresa rival que ya ha tomado el control de la planta situada en Domaio, Moaña. Este movimiento refleja las dificultades que enfrentan las empresas del sector para mantenerse competitivas y solventes en un mercado cada vez más desafiante.
Aún más grave es la situación de Atunlo, una empresa viguesa que, hasta hace poco, ostentaba el título de ser la mayor comercializadora de atún en España. En mayo del año pasado, Atunlo se declaró en concurso de acreedores, revelando una deuda que supera los 100 millones de euros. Esta insolvencia se atribuye a una serie de factores que han golpeado duramente a la compañía, entre ellos una caída significativa en las ventas, un incremento acelerado de los gastos operativos, la imposibilidad de ajustar los precios de sus productos para compensar estos gastos, y una dependencia excesiva de los recursos financieros externos. El auto judicial que formalizó su insolvencia destaca cómo estos elementos se combinaron para llevar a Atunlo a una situación crítica, que ahora pone en riesgo la continuidad de sus operaciones.
La crisis que atraviesan estas empresas no solo afecta a sus trabajadores y accionistas, sino que también tiene un impacto considerable en las economías locales donde operan. La incertidumbre en el sector pesquero plantea serios interrogantes sobre el futuro de una industria que ha sido clave para el desarrollo económico de muchas comunidades. Con cada vez más empresas luchando por sobrevivir en un mercado caracterizado por la volatilidad de los precios, la competencia global, y los desafíos logísticos, la sostenibilidad del sector se ve cada vez más amenazada.
Además, en Marín, la pesquera Videmar, fundada en 2009 y con un volumen de negocio de unos 60 millones de euros en 2022, se encuentra en proceso de liquidación. Mientras tanto, en A Pobra, Actemsa ha suspendido pagos después de haber facturado 113 millones de euros el año pasado, aunque con un resultado negativo de 18 millones de euros, sumándose así a la lista de empresas pesqueras en apuros financieros.