- Los Estados miembros tienen dos años para diseñar planes que rehabiliten el 20% de océanos y tierras para 2030
Desde el pasado 18 de agosto, la Ley de Restauración de la Naturaleza, una de las normativas más destacadas y controvertidas de la última legislatura de la Unión Europea, ha entrado en vigor. Esta ley establece objetivos vinculantes para la restauración de ecosistemas degradados, con un enfoque en aquellos que pueden capturar y almacenar carbono, y en la mitigación de desastres naturales.
Los Estados miembros están obligados a implementar medidas de restauración en al menos el 20% de las áreas terrestres y marinas de la UE para 2030. Esto ha generado preocupaciones en el sector pesquero, especialmente en relación con las posibles restricciones a la pesca de fondo dentro de las Áreas Marinas Protegidas (AMP). Para 2050, las medidas de restauración deberán aplicarse a todos los ecosistemas que lo requieran, tanto en tierra como en mar.
Planes nacionales para la restauración
Cada Estado miembro tiene un plazo de dos años para desarrollar y presentar a la Comisión Europea un plan nacional de restauración. Estos planes deberán detallar cómo se alcanzarán los objetivos de la ley, especificando las medidas a implementar, los recursos financieros necesarios y un cronograma de ejecución con hitos para 2030, 2040 y 2050. La elaboración de estos planes deberá realizarse de manera participativa, permitiendo la intervención del público y de todas las partes interesadas.
La Comisión Europea evaluará los borradores de estos planes nacionales y podrá hacer observaciones que los Estados miembros deberán considerar antes de la aprobación final de sus estrategias. Esta ley fue aprobada por el Consejo Europeo en junio, con 20 Estados a favor, seis en contra y la abstención de Bélgica. Aunque el sector pesquero, representado por Europêche, ha expresado su preocupación por la aprobación ajustada de la ley, aboga por reformas que consideren mejor los impactos en su actividad.
La Ley de Restauración de la Naturaleza marca el inicio de un ambicioso esfuerzo de la Unión Europea para revertir la degradación de sus ecosistemas, con implicaciones significativas para la gestión de los recursos naturales en las próximas décadas.