- ADEGA y PDRA recurren a la vía judicial contra Altri, alertando sobre el impacto en la pesca y el marisqueo en la Ría de Arousa.
Conflicto judicial contra la macrocelulosa de Altri
La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) han iniciado acciones legales conjuntas para detener la construcción de la macrocelulosa que Altri-Greenfiber pretende levantar en la comarca de Ulloa. Las organizaciones acusan al proyecto de irregularidades administrativas, especialmente en lo que respecta a la concesión de agua procedente del río Ulla.
Un proyecto en el punto de mira
El proyecto de Altri, que aún no cuenta con los permisos necesarios (Autorización Ambiental Integrada, Concesión de Aguas y aprobación del Consello da Xunta), ha suscitado preocupación entre colectivos ecologistas y vecinos de la zona. A pesar de que los trámites administrativos no han finalizado, ADEGA y PDRA consideran que las anomalías en la gestión del agua son motivo suficiente para acudir a la vía judicial.
Advertencia de la PDRA: el marisqueo en riesgo
Durante la rueda de prensa convocada por la PDRA, se lanzó una advertencia contundente sobre el impacto que el proyecto de Altri podría tener en el sector pesquero y marisquero de la Ría de Arousa. La plataforma denunció que, durante este año, las capturas de marisco y pescado han caído significativamente en toda la ría, comprometiendo la viabilidad económica de cofradías y lonjas.
La situación ya es preocupante, pero según los representantes de la PDRA, la implantación de la macrocelulosa agravaría aún más el problema. “Si ahora ya no es rentable el marisqueo o la pesca, con Altri será la ruina”, declararon, advirtiendo que muchas cofradías podrían verse obligadas a cerrar, arrastrando consigo la economía de familias que dependen del marisqueo.
El agua, el epicentro del conflicto
El principal foco del conflicto es la concesión de agua solicitada por Altri: 46.000 metros cúbicos diarios procedentes del río Ulla. Según el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el plazo máximo para resolver este tipo de concesiones es de 18 meses. El trámite de competencia se inició el 30 de noviembre de 2022, según el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña (BOP), y el plazo para su resolución venció el 30 de mayo de 2024.
En febrero de 2025, ADEGA y PDRA solicitaron a la directora de Augas de Galicia que declarara la caducidad del procedimiento debido al silencio administrativo. Sin embargo, tres meses después, aún no han recibido una respuesta oficial, lo que supone una desestimación implícita.
Vía judicial: un recurso de Alzada
El camino elegido por las organizaciones es el recurso de Alzada contra el silencio administrativo de Augas de Galicia, que rechazó archivar el expediente de concesión de agua. En caso de que este recurso también quede sin respuesta o sea desestimado, ADEGA y PDRA procederán con una demanda contencioso-administrativa.
Una campaña ciudadana en apoyo al litigio
El respaldo ciudadano ha sido fundamental para emprender estas acciones legales. A través de la campaña solidaria “Xustiza para o Ulla”, se recaudaron 39.000 euros en tan solo 20 días, lo que permitió financiar los primeros pasos jurídicos contra el proyecto de Altri.
El futuro del marisqueo en Arousa
La preocupación entre los trabajadores del mar es palpable. Las cofradías y lonjas, que ya ven mermadas sus capturas, temen que la instalación de la macrocelulosa signifique el golpe definitivo para su actividad. Según los mariscadores, el riesgo de contaminación y el uso masivo de recursos hídricos podrían dejar a muchas familias sin sustento.
La batalla judicial está en marcha, pero el impacto social y económico en la Ría de Arousa ya genera una fuerte oposición al proyecto. La postura de la Xunta en este conflicto podría ser clave para el futuro del sector marisquero en la zona.